Juez Luján advierte sobre demanda que amenaza la Ley de Extinción de Dominio

Manuel Luján Túpez, juez supremo y coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción del Dominio, ha expresado su profunda preocupación ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por el defensor Josué Gutiérrez contra la Ley de Extinción de Dominio. Según Luján, esta acción legal representa un grave retroceso en la lucha contra delitos graves, incluida la corrupción. La extinción de dominio es un mecanismo que permite al Estado recuperar bienes utilizados o adquiridos a través de actividades delictivas, y su debilitamiento podría favorecer a quienes operan al margen de la ley. Luján explica que la extinción de dominio se basa en la premisa de que los bienes, al ser utilizados para cometer delitos, deben ser objeto de persecución. Esto incluye, por ejemplo, vehículos utilizados en el sicariato o inmuebles adquiridos con dinero proveniente de la corrupción. Este enfoque se diferencia del proceso penal que busca sancionar a las personas responsables del delito. En Perú, la experiencia de otros países en la materia había conducido a una regulación que permitía la recuperación de bienes sin esperar a una condena penal, algo que Luján considera crucial en la actualidad. El juez supremo señala que el marco regulatorio en Perú se ha visto influenciado por experiencias en otros países de la región y del mundo. La legislación peruana ha avanzado para permitir que la extinción de dominio actúe de manera autónoma respecto a las sentencias penales, lo que permite una respuesta más ágil y efectiva ante la evolución de las organizaciones criminales. Es un enfoque que busca evitar que los bienes utilizados para el delito sigan en manos de sus propietarios mientras se prolongan los procesos judiciales. En cuanto a la tendencia normativa internacional, Luján menciona tres convenios fundamentales que Perú ha suscrito: el Convenio de Viena contra el tráfico de drogas, el Convenio de Palermo sobre crimen organizado y el Convenio de Mérida contra la corrupción. Estos acuerdos establecen la necesidad de desarticular las estructuras delictivas a través de la recuperación de los bienes involucrados en actividades criminales. La recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2003 enfatiza que la extinción de dominio debe ser un proceso independiente y no supeditado a una condena penal. Otros países, como Estados Unidos, han implementado normativas que permiten el decomiso sin condena, facilitando así la incautación de bienes de origen delictivo de manera más eficiente. En el contexto peruano, Luján enfatiza que es fundamental no retroceder a modelos que han demostrado ineficacia en el pasado, lo cual es especialmente relevante dadas las complejidades del crimen organizado en la actualidad. Sin embargo, la reciente demanda del defensor Gutiérrez no es un hecho aislado. Luján ha advertido que en el Congreso también se están gestando iniciativas destinadas a limitar la extinción de dominio. A su juicio, estas propuestas no sólo pueden generar distorsiones en la lucha contra el delito, sino que también desatienden la necesidad de debatir y consultar con las entidades competentes sobre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia de las medidas existentes. El juez menciona que en el tiempo transcurrido desde la implementación del decreto legislativo 1373, se han logrado recuperar más de 102 millones de dólares en bienes delictivos, contrastando este logro con los escasos 6 millones recuperados en los doce años de un modelo anterior. Esta comparativa pone de manifiesto la efectividad de la legislación vigente, que ha permitido la intervención en situaciones críticas, como el sicariato, donde los bienes son esenciales para la continuidad del delito. Con cifras contundentes, Luján afirma que en los últimos cinco años y medio se han emitido 1,297 sentencias definitivas relacionadas con la extinción de dominio, una cifra que demuestra el dinamismo del sistema y su capacidad para actuar. Sin embargo, el riesgo de que el Tribunal Constitucional atienda la demanda de inconstitucionalidad radica en la posibilidad de que se reestablezcan mecanismos que han sido probados y rechazados en el pasado. Luján concluye haciendo hincapié en que la extinción de dominio es una herramienta vital en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción. La modificación o limitación de esta ley podría permitir que los delincuentes continúen operando con impunidad, utilizando testaferros y mecanismos que el propio sistema busca desmantelar. La preocupación por el futuro de esta legislación es palpable y su debate se torna urgente en el contexto actual del país, donde la inseguridad y la corrupción son temas que demandan atención y acción decidida.