Reacciones divididas al mensaje presidencial: el transporte sigue sin solución efectiva

El mensaje presidencial del 28 de julio ha suscitado una mezcla de reacciones dentro del espectro político y social del país. Mientras algunos sectores aclamaron el discurso, otros lo consideraron una retórica vacía y desconectada de la realidad que enfrenta la población. La larga duración del mensaje, acompañado de un tono que muchos describieron como tedioso y demagógico, llevó a que varios presentes se mostraran visiblemente desinteresados. Algunos incluso se quedaron dormidos en el hemiciclo, mientras que otros, en especial los congresistas, decidieron retirarse antes de que concluyera la intervención. Uno de los puntos más preocupantes que no se abordó durante el mensaje fue la grave situación del tránsito y transporte en el país. Las estadísticas son alarmantes: más de 15 mil personas han perdido la vida en siniestros de tránsito en los últimos cinco años, y más de 270 mil han sufrido lesiones, muchas de ellas con secuelas permanentes. Sin embargo, en el discurso presidencial, no se hizo referencia a estas cifras ni a la tragedia que representan. Esta omisión es particularmente dolorosa para quienes están directamente afectados por esta problemática. El servicio de transporte en el Perú presenta un panorama desolador. Las diferentes modalidades de servicio de transporte de personas y mercancías son, en su mayoría, ineficientes y no cumplen con las responsabilidades que se les exigen. En Lima, la falta de terminales terrestres adecuados es un aspecto crítico. En lugar de contar con instalaciones que cumplan con los estándares de un "terrapuerto", como se hace en otros países, los ciudadanos sufren a diario las ineficiencias de los paraderos improvisados y mal gestionados. La Ley N° 27181, que regula el transporte y tránsito terrestre, fue promulgada hace 25 años y aún no se ha implementado de manera efectiva. El Estado continúa ausente en la construcción y operación de terminales que podrían mejorar la situación del transporte. La falta de un solo espacio donde se concentren las autoridades encargadas de la fiscalización agrava el problema, dejando a los pasajeros y empresas a merced de la informalidad y el desorden. Además, el transporte de carga y mercancías enfrenta retos similares. No existe una infraestructura adecuada, como los llamados "puertos secos", que permita gestionar de manera eficiente la circulación de camiones en las ciudades. La ausencia de horarios y vías específicas para este tipo de vehículos representa no solo un riesgo para la seguridad vial, sino también un obstáculo para la productividad del comercio. El transporte urbano es quizás el aspecto más complicado de todos. En Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha luchado por establecer un sistema que funcione adecuadamente, pero los resultados han sido escasos. Desde la introducción del Metropolitano, en 2010, se han prometido y descartado múltiples corredores de transporte. Esta falta de continuidad en la política de transporte ha perjudicado a millones de habitantes que dependen de un sistema eficiente para movilizarse. La creación de un Sistema Integrado de Transporte (SIT) es urgente. Este sistema podría mejorar la situación del transporte público, pero requerirá una inversión considerable en infraestructura y capacitación. La introducción de buses eléctricos podría ser un paso hacia la sostenibilidad, pero sin un compromiso real del Estado y una planificación adecuada, esta mejora seguirá siendo un sueño distante. A medida que el mensaje presidencial llegaba a su fin, el monto destinado a infraestructura vial superaba los 3.800 millones de dólares. Ante esta cifra, surge una pregunta crucial: ¿vale la pena esta inversión si no se traduce en la salvaguarda de vidas humanas? Los 3.500 fallecidos en los últimos años claman por reformas urgentes y efectivas en el sector transporte. Las implicaciones de esta crisis no se limitan al caos en las calles; se extienden hacia la seguridad de las familias, el bienestar de las comunidades y la salud pública. Sin un enfoque claro y decisiones concretas que aborden estos problemas, el país seguirá enfrentando una crisis de movilidad que afecta a todos los ciudadanos. A medida que la sociedad exige respuestas, queda claro que el tiempo de las palabras ha pasado. Ahora es momento de la acción.