Gobierno busca aclarar interpretaciones del artículo 117 ante el Tribunal Constitucional

En una muestra de firmeza y defensa institucional, el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, salió al paso de las críticas y justificó la reciente decisión del Poder Ejecutivo de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). El objetivo de esta acción es cuestionar la interpretación que el Ministerio Público y el Poder Judicial han dado al artículo 117 de la Constitución, que establece los supuestos bajo los cuales un presidente de la República puede ser acusado durante su mandato. Esta medida se enmarca dentro de un contexto político tenso y de constantes enfrentamientos entre los distintos poderes del Estado, que han generado un clima de incertidumbre y preocupación por el respeto a las competencias de cada institución. La resolución ministerial 151-2024-PCM, que dio pie a esta demanda, fue aprobada en una sesión del Consejo de Ministros y publicada el pasado 22 de mayo. Durante la conferencia de prensa que siguió a la reunión, Adrianzén enfatizó que el propósito de la demanda no es convertir a la presidenta Dina Boluarte en una figura intocable, sino más bien esclarecer y delimitar las circunstancias específicas bajo las cuales un presidente puede ser objeto de acusaciones. "No lo hacemos pensando en la presidenta Boluarte, sino en cualquier otro presidente que venga", subrayó, destacando la importancia de establecer un precedente claro para el funcionamiento democrático en el país. La controversia surge a raíz de las múltiples investigaciones que han sido iniciadas contra Boluarte, vinculadas a las muertes ocurridas durante las protestas y otros casos de alto perfil. El premier argumentó que estas indagaciones están interfiriendo de manera significativa en las funciones presidenciales, planteando un escenario en el que la presidenta se ve obligada a ausentarse de sus obligaciones para atender requerimientos del Ministerio Público y la justicia. Según Adrianzén, esta situación no solo afecta a la actual mandataria, sino que pone en riesgo el funcionamiento del Ejecutivo en su conjunto. El artículo 117 de la Constitución establece que un presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, obstrucción de las elecciones, o por disolver el Congreso de manera inconstitucional. Sin embargo, el Gobierno denuncia que se han emitido resoluciones fiscales y judiciales que, a su juicio, no se ajustan a estos lineamientos, lo que podría constituir un "menoscabo en sentido estricto" de las competencias presidenciales. La demanda busca por tanto que el TC aclare la interpretación de este artículo y, potencialmente, limite el alcance de las investigaciones que actualmente se encuentran en curso. La solicitud del Gobierno ante el TC no es mero formalismo, ya que la respuesta del tribunal podría influir decisivamente en la estabilidad política del país. En su escrito, el Ejecutivo argumenta que las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial están desbordando los límites establecidos por la Constitución, lo que podría sentar un peligroso precedente para futuros gobiernos. A este respecto, el premier advirtió que la falta de claridad sobre las competencias de estas instituciones podría resultar en un uso arbitrario de su autoridad, afectando la gobernabilidad y la política general del país. Cabe mencionar que antes del año 2022, ningún mandatario en funciones había sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando, bajo la dirección de Pablo Sánchez, se inició una investigación preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, sentando un precedente que ha sido continuado por sus sucesores en el Ministerio Público. Esta nueva dinámica ha generado tensiones entre los poderes y ha llevado al Ejecutivo a tomar medidas defensivas como la presentada recientemente. Además, el Gobierno destaca que no existe aún un pronunciamiento claro del TC sobre la interpretación del artículo 117, lo que deja un vacío legal que podría ser explotado. Este aspecto es crucial, ya que permite que se continúen llevando a cabo investigaciones que el Ejecutivo considera inadecuadas e incluso perjudiciales para el funcionamiento del Gobierno y la estabilidad del país. La falta de claridad en este marco legal puede ocasionar que futuras acusaciones se basen en interpretaciones que pueden no alinearse con los principios constitucionales. El llamado del Ejecutivo a establecer límites claros en la relación entre los poderes del Estado se presenta como una medida destinada a proteger no solo la figura de la presidenta Boluarte, sino la institucionalidad misma del país. En tiempos donde la polarización y la desconfianza entre las instituciones son palpables, el Gobierno considera que es imperativo resguardar las competencias del presidente, que son cruciales para dirigir la política general del país durante su mandato. En conclusión, la presentación de esta demanda competencial por parte del Poder Ejecutivo pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y clarificar las interpretaciones de la Constitución en lo que respecta a las funciones del presidente. La decisión del TC en este asunto podría tener repercusiones significativas no solo para la actual administración, sino también para el futuro del sistema democrático en el Perú. A medida que el país navega por estos tumultuosos tiempos políticos, el equilibrio entre los poderes del Estado se vuelve más relevante que nunca.