Controversia por pensión vitalicia de Fujimori agita el clima político en Perú

La situación que rodea la pensión vitalicia del expresidente Alberto Fujimori ha generado una intensa controversia en el Perú. A pesar de haber sido condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso, parece estar decidida a no revocar la decisión de otorgar esta pensión de S/15.600 mensuales. Este hecho ha suscitado cuestionamientos sobre la legalidad y la ética de tal decisión, lo que añade más tensión al ya convulso clima político del país. Las fuentes consultadas indican que la actual administración del Congreso considera la pensión a Fujimori como una "papa caliente", un legado complicado que recibió de la anterior Mesa Directiva liderada por Alejandro Soto. La postura de Salhuana y sus vicepresidentes se enfoca en mantener la recomendación técnica de las áreas de Recursos Humanos y Legal y Constitucional, que respaldan el pago a Fujimori, a pesar de las acusaciones constitucionales que pesan sobre él y la falta de cumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley N°26519. El contexto es aún más complicado debido a que Fujimori no solo enfrenta sentencias firmes, sino que también tiene un historial de acusaciones constitucionales que, según la ley mencionada, deberían suspender su derecho a recibir la pensión. La ambigüedad sobre quién es responsable de esta decisión —si la actual Mesa Directiva o la anterior— ha generado confusión y desconfianza en torno a la transparencia del proceso. El congresista Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, ha expresado que la Mesa no ha discutido aún el tema, mientras que otros miembros de la oposición exigen una respuesta clara y detallada sobre el estado de la pensión. Alejandro Muñante, portavoz de Renovación Popular, enfatizó que la aprobación de este pago no contribuye a mitigar la conflictividad política existente y cuestionó la oportunidad de tal autorización por parte del Parlamento. Desde el Bloque Popular Democrático, la congresista Ruth Luque también ha hecho un llamado a la Mesa Directiva para anular la pensión de Fujimori. Luque ha solicitado toda la documentación relacionada con el otorgamiento de este beneficio y ha planteado sus serias dudas sobre la falta de supervisión administrativa en este contexto. "No tiene sentido que reduzcan la responsabilidad en un mero tema administrativo", afirmó, subrayando que el Congreso no puede eludir su deber de rendir cuentas en esta materia. Los vínculos de la actual administración con Fuerza Popular y Alianza para el Progreso no han pasado desapercibidos. Luis Valdez, secretario general de APP, ha rechazado cualquier insinuación de que haya existido un acuerdo con el partido de Fujimori para aprobar la pensión. Sin embargo, la cercanía de altos funcionarios del Congreso con APP ha suscitado suspicacias respecto a la legitimidad del proceso decisional. La investigación sobre cómo se ha llegado a esta situación revela que el proceso de aprobación de la pensión se ha manejado de manera interna y poco transparente. Funcionarios clave, como Haidy Figueroa Valdez y José Rubio Preciado, han estado involucrados en la redacción y sustentación de los documentos que hacen posible el pago, lo que plantea interrogantes sobre los intereses que podrían estar en juego. La rapidez con la que el Congreso aprobó el pedido de Fujimori ha sido motivo de críticas. En cuestión de días, desde la solicitud hasta la autorización del desembolso, se ha cuestionado si se llevó a cabo un análisis exhaustivo y si se tomaron en cuenta las repercusiones sociales y políticas de esta decisión. La percepción de que el proceso fue manejado de manera apresurada y con falta de transparencia es un tema que inquieta a muchos ciudadanos. En medio de esta controversia, Fujimori continúa cumpliendo su condena en prisión. Su situación plantea un dilema moral y legal en torno a la justicia y la responsabilidad política. La presión para que el Congreso reevalúe la pensión vitalicia se intensifica, a medida que ciudadanos y grupos de derechos humanos exigen que se respeten las leyes y se actúe con justicia. La saga de la pensión vitalicia de Alberto Fujimori es un recordatorio de los desafíos persistentes que enfrenta la política peruana. La lucha por la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia en el manejo de recursos públicos es más importante que nunca en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones se ha arraigado profundamente en la sociedad. La decisión que tome el Congreso en los próximos días será crucial no solo para el futuro de Fujimori, sino también para la credibilidad del propio sistema político peruano.