Controversia por posible pensión a Fujimori desata tensiones en el Congreso peruano

El reciente pronunciamiento del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha encendido un nuevo debate en el ámbito político peruano respecto al otorgamiento de una pensión a Alberto Fujimori, ex presidente del país. Según Salhuana, es "probable" que Alejandro Soto, quien ocupó el cargo de presidente del Congreso hasta hace poco, estuviera al tanto de la decisión de conceder este beneficio, lo que ha generado reacciones diversas tanto en el entorno legislativo como en la opinión pública. Salhuana explicó que el proceso para la pensión de Fujimori comenzó a finales de abril y que se han seguido una serie de procedimientos administrativos que culminaron con la autorización del beneficio. “El pedido del expresidente Fujimori se ingresa a fines de abril. Es decir, si es legalmente viable el otorgamiento de la pensión y si hay recursos para hacerlo efectivo”, declaró en una entrevista con Canal N. La mención de la fecha sugiere que hubo una deliberación previa que, según el actual presidente del Congreso, pudo haber sido conocida por su predecesor. Este comentario ha reavivado las tensiones entre los diferentes grupos políticos y ha dejado al descubierto posibles desacuerdos en la mesa directiva anterior. Alejandro Soto, por su parte, rápidamente desmintió las afirmaciones de Salhuana, utilizando sus redes sociales para aclarar que la mesa directiva bajo su liderazgo nunca trató ni aprobó ningún beneficio para Fujimori. “La mesa directiva anterior, bajo la presidencia del suscrito, Alejandro Soto Reyes, no ha tratado ni aprobado ninguna pensión ni beneficio alguno en favor de Alberto Fujimori”, escribió en su cuenta de X, dejando claro su desacuerdo con las declaraciones de su sucesor. La controversia no solo se limita a la aprobación de la pensión. Varios constitucionalistas, como Aníbal Quiroga y Natale Amprimo, han manifestado su desacuerdo con la legalidad de la decisión. Argumentan que, según la norma, el derecho a recibir una pensión se suspende en el caso de que el beneficiario sea acusado por el Congreso, lo cual es el caso de Fujimori, quien enfrenta múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos y corrupción. El impacto político de esta decisión es considerable, ya que no solo afecta la imagen del Congreso, sino que también refleja un posible descontento entre los sectores que apoyan y critican al ex presidente. La figura de Fujimori sigue siendo polarizadora en la política peruana, con un sector que lo defiende como un líder que trajo estabilidad en una época de crisis, y otro que lo ve como un violador de derechos humanos que debe rendir cuentas por sus actos. La administración actual del Congreso se encuentra en una encrucijada, ya que debe manejar esta situación con cuidado para no alienar a ninguno de los bandos. Salhuana, al reconocer que el otorgamiento de la pensión tiene "repercusión política", parece estar consciente de la delicadeza del momento y de la necesidad de una comunicación clara y transparente con la ciudadanía. Además, esta situación pone de manifiesto la falta de consenso dentro del mismo Congreso, lo que podría llevar a una crisis de confianza entre los ciudadanos y sus representantes. La falta de información clara y la disconformidad entre las posiciones de los líderes políticos generan incertidumbre sobre cómo se tomarán decisiones en el futuro y si estas responderán a las necesidades del país. Mientras tanto, el debate se intensifica en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde los ciudadanos expresan sus opiniones sobre la legitimidad de la pensión y la capacidad del Congreso para manejar este tipo de situaciones. La pregunta que muchos se hacen es si el sistema político peruano podrá salir fortalecido de esta controversia o si, por el contrario, se verá desgastado por la polarización y la desconfianza. El futuro de la pensión a Fujimori, así como la gestión del Congreso en general, está ahora en el centro del debate nacional, y será fundamental observar cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas. La situación actual no solo desafía a los líderes políticos, sino que también pone a prueba el compromiso del sistema democrático en Perú de ser transparente y responsable ante sus ciudadanos.