Incendios en Galicia: un desafío ambiental y judicial que necesita atención urgente

La situación de los incendios forestales en Galicia se ha convertido en una problemática alarmante que no solo afecta al medio ambiente, sino que también pone en evidencia las deficiencias en la persecución del delito. En el último año, se registraron casi 1.200 incendios en los montes gallegos, de los cuales una abrumadora mayoría, cerca del 70%, fueron intencionados. Sin embargo, la respuesta judicial y penal ante estos actos delictivos deja mucho que desear: solo 61 detenidos, 24 juicios y apenas 17 condenas. Este panorama plantea una serie de interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial y las medidas de prevención que se están implementando. La dificultad para identificar a los responsables de los incendios forestales es uno de los principales obstáculos en esta lucha. Dado que muchos de estos delitos se cometen en condiciones de poca visibilidad y en zonas alejadas, las pruebas físicas que podrían incriminar a los incendiarios, como recipientes de gasolina o acelerantes, a menudo son insuficientes. Las autoridades se enfrentan a un desafío monumental: sin testigos y con escasas evidencias, la posibilidad de llevar a un autor ante los tribunales se reduce considerablemente. Esto se traduce en una tasa de resolución de casos extremadamente baja. El informe de la Fiscalía Superior de Galicia revela que, a pesar de la disminución en el número de delitos de incendios registrados —un 47% menos que el año anterior—, la situación sigue siendo preocupante. En 2023 se incoaron 101 delitos, el volumen más bajo de la última década. Aún así, la cifra de delitos con autor conocido y los juicios resultantes sigue siendo desalentadora. En la práctica, aunque se logre identificar a un incendiario, son contadas las ocasiones en las que se logra llevar el caso a juicio, lo que genera una sensación de impunidad entre los potenciales infractores. En términos de condenas, el panorama es igualmente preocupante. La gran mayoría de las sentencias emitidas se limitan al pago de multas, lo que no parece ser un disuasivo efectivo. Solo en los casos más graves, como aquellos que resultan en la muerte de personas, se contempla la posibilidad de penas de prisión. En este contexto, la justicia parece estar fallando en su propósito de proteger el medio ambiente y a la comunidad, lo que ha llevado a una creciente frustración y desconfianza entre los ciudadanos. El informe también destaca que las provincias de Ourense y A Coruña son las más afectadas, con un notable número de delitos en comparación con Lugo y Pontevedra. Esto pone de manifiesto que ciertas áreas de Galicia requieren atención y recursos adicionales para abordar esta crisis. Además, el hecho de que solo una treintena de incendiarios sean llevados a juicio cada año sugiere que el problema se encuentra más allá de la simple actuación de unos pocos malhechores; se trata de un sistema en el que la prevención y la represión de estos delitos necesitan una revisión exhaustiva. La Fiscalía ha tomado nota de estas dificultades y ha puesto en marcha una instrucción que busca mejorar la respuesta ante los incendios forestales. En ella se establece un enfoque que incluye el uso de tecnologías avanzadas para la investigación, como drones y cámaras de vigilancia, con el fin de recopilar pruebas más contundentes. Sin embargo, la implementación de estas medidas aún está en fases iniciales y se requiere un compromiso continuo para que realmente marquen una diferencia. Además de las medidas tecnológicas, la colaboración ciudadana se presenta como un elemento crucial para erradicar esta lacra. Fomentar la participación de la comunidad mediante la denuncia de comportamientos sospechosos y la aportación de pruebas resulta esencial para construir el caso que permita llevar a los incendiarios ante la justicia. Sin embargo, esta colaboración depende de la confianza que los ciudadanos tengan en que sus denuncias serán tomadas en serio y que habrá consecuencias reales para los infractores. A medida que se avanza en la lucha contra los incendios forestales, es vital que las instituciones mantengan un enfoque proactivo y adaptado a las circunstancias cambiantes. La reducción de la cifra de incendios es un paso positivo, pero no suficiente. La verdadera medida del éxito será la capacidad de prevenir futuros siniestros y asegurar que aquellos que cometen estos delitos sean responsabilizados adecuadamente. La lucha contra los incendios forestales en Galicia no es solo una cuestión de justicia penal, sino también de responsabilidad ambiental y social. Los bosques gallegos son un patrimonio que debe ser protegido no solo por las autoridades, sino por toda la comunidad. Es esencial que todos los actores involucrados trabajen juntos para frenar esta lacra que amenaza la vida silvestre y el entorno natural que todos compartimos. Sin un enfoque integral y colaborativo, la batalla contra los incendiarios seguirá siendo una lucha desigual.