Corte Suprema de Panamá ordena cierre del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá ha tomado una decisión significativa al ordenar el cierre del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, el cual será efectivo a partir del 1 de agosto de 2024. Esta medida se enmarca dentro de un proceso de reestructuración judicial que busca optimizar el funcionamiento del sistema penal en el país. A través del Acuerdo n°. 414, firmado el 25 de julio de 2024, la CSJ ha delineado un nuevo panorama para la judicialización de casos penales en Panamá. El Juzgado Segundo Liquidador, bajo la dirección de la jueza Baloísa Marquínez, tenía en su registro un total de 269 expedientes pendientes. La complejidad de estos casos, en su mayoría relacionados con reos rebeldes, plantea desafíos significativos durante la transición hacia el nuevo sistema de gestión de casos. Con el cierre inminente del juzgado, el Registro Único de Entrada (RUE) se encargará de redistribuir los casos al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, lo que requiere una cuidadosa planificación para garantizar que ningún expediente quede desprotegido. La jueza Baloísa Marquínez no solo cerrará un capítulo en su carrera como directora del Juzgado Segundo Liquidador, sino que también asumirá un nuevo rol como jueza de Juicio Oral en el Sistema Penal Acusatorio (SPA). Este cambio es una oportunidad para que Marquínez aplique su experiencia en un entorno diferente, donde su conocimiento será fundamental para la continuidad de los procesos judiciales. Además, se ha anunciado que continuará ad honorem como jueza adjunta en el Juzgado Primero Liquidador, donde se centrará en el emblemático caso "Odebrecht", que ha capturado la atención nacional e internacional por sus implicaciones en la corrupción. La reubicación del personal del Juzgado Segundo Liquidador también será parte de este proceso de reestructuración. La Secretaría Técnica de Recursos Humanos, bajo la supervisión de la Sala Cuarta de Negocios Generales, se encargará de asignar al personal a nuevas posiciones de acuerdo con las necesidades del sistema judicial. Este movimiento es crucial para asegurar que el personal esté bien adaptado a las exigencias de sus nuevas funciones, manteniendo la continuidad en el servicio y la atención a los ciudadanos. El magistrado José Hoo Justiniani, quien preside el Tribunal Superior Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, ha elogiado el trabajo realizado por la jueza Marquínez. Justiniani ha destacado la notable reducción de la carga laboral pendiente en el juzgado que ella supervisó, lo que sugiere que sus esfuerzos han tenido un impacto positivo en la eficiencia del sistema judicial. Este reconocimiento subraya la importancia del liderazgo efectivo en el ámbito judicial y su papel en la mejora del servicio a la sociedad. Este cierre de un juzgado no es simplemente una cuestión administrativa; representa un cambio en la filosofía de cómo se manejan los casos penales en Panamá. La reestructuración judicial tiene como objetivo no solo hacer más eficientes los procesos, sino también responder de manera más efectiva a las necesidades de la población. Al transferir los casos y redistribuir la carga de trabajo, se espera que el sistema penal sea más ágil y se reduzcan los tiempos de espera en la resolución de causas. La medida también refleja un compromiso más amplio por parte del sistema judicial de Panamá con la transparencia y la rendición de cuentas. La atención puesta en casos de alta relevancia, como el de "Odebrecht", evidencia la intención de perseguir la corrupción y reforzar la confianza del público en el sistema judicial. Al concentrar esfuerzos en casos de gran impacto, se espera que se fortalezca la percepción de justicia en el país. A medida que se acerca la fecha de cierre, las expectativas sobre la eficacia de este cambio aumentan. Los actores del sistema judicial, así como la sociedad en general, estarán observando de cerca cómo se implementa esta reestructuración. La correcta gestión de la transición será fundamental para evitar que los casos se estanquen y para garantizar que los derechos de los acusados y las víctimas sean salvaguardados. Este nuevo capítulo en la estructura judicial de Panamá abre la puerta a un futuro donde la eficiencia y la justicia sean prioridades centrales. En un momento en que la confianza en las instituciones está siendo puesta a prueba, la reestructuración del sistema penal podría ser un paso hacia la revitalización de la fe ciudadana en el poder judicial. La CSJ ha puesto en marcha una agenda ambiciosa, y su éxito podría redefinir cómo los panameños perciben la justicia en su país.