Dina Boluarte anuncia modernización del Ministerio de Seguridad Pública en Perú

En un contexto donde la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los temas más sensibles y relevantes para la población, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado un cambio significativo en la estructura del Ministerio del Interior. Durante su mensaje por las Fiestas Patrias, la mandataria reveló que se dará inicio a un proceso de modernización integral, que incluye la reestructuración del ministerio, que pasará a denominarse Ministerio de Seguridad Pública. Esta decisión, según Boluarte, responde a las diversas crisis que ha enfrentado el país en los últimos años, como la pandemia de COVID-19, la migración masiva y el crimen organizado. La propuesta del gobierno ha sido presentada al Congreso con carácter de urgencia y, tras su publicación en el portal web del Legislativo, se espera que se analice y discuta en los próximos días. La presidenta ha subrayado que el cambio de nombre no es meramente simbólico, sino que busca responder de manera más eficaz a los desafíos actuales en materia de seguridad. "Es necesario reformular las estructuras y funciones del ministerio para que puedan atender de manera eficaz las necesidades de la ciudadanía", afirmó Boluarte. El proyecto de ley también incluye modificaciones específicas a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, sin que estas impliquen un gasto adicional para el Tesoro Público. Esto representa un esfuerzo por optimizar el funcionamiento del ministerio y asegurar que las competencias y funciones se alineen con la nueva denominación. Los cambios propuestos buscan, entre otras cosas, establecer el ministerio como el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Los detalles de la propuesta revelan que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública asumirá competencias exclusivas a nivel nacional en materia de orden interno y orden público, así como competencias compartidas en seguridad ciudadana. Esto refleja un enfoque más integral que busca no solo abordar la delincuencia, sino también las nuevas amenazas que afectan la seguridad nacional y ciudadana. La inclusión de funciones de inteligencia estratégica y contrainteligencia es un componente clave de esta reforma. Además, se ha destacado la importancia de erradicar la corrupción y fomentar la meritocracia dentro del ministerio, un objetivo que ha cobrado relevancia en medio de escándalos que han afectado a diversas instituciones del Estado. La presidenta Boluarte ha enfatizado que el éxito de esta modernización dependerá de la implementación efectiva de los cambios, así como de la colaboración entre diferentes entidades del Estado. La iniciativa también busca mejorar los servicios públicos que el ministerio ofrece, desde la regulación de la seguridad privada hasta la gestión del movimiento migratorio y la atención de emergencias. Estos servicios son fundamentales para garantizar la convivencia pacífica y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, el proyecto se plantea como un esfuerzo por transformar la seguridad en un servicio público más accesible y eficiente. Desde la presentación de la propuesta, se han escuchado voces críticas que cuestionan la efectividad de cambiar el nombre del ministerio. Algunos analistas sugieren que esta medida por sí sola no resolverá los problemas de inseguridad que enfrenta el país, y que se necesita un enfoque más amplio y profundo para abordar las causas de la criminalidad. Sin embargo, el gobierno ha defendido que esta reforma es un paso necesario para construir una política integral de seguridad pública. El contexto actual, marcado por un aumento en la violencia y la criminalidad, hace que esta propuesta sea más relevante que nunca. Los ciudadanos demandan respuestas efectivas por parte del Estado, y la modernización del ministerio podría representar una oportunidad para revitalizar la confianza en las instituciones de seguridad. La integración de tecnologías de la información y nuevas vías de comunicación también se menciona como un elemento clave para mejorar la seguridad ciudadana. Finalmente, el éxito de la implementación de estas reformas dependerá de la voluntad política y del compromiso de todos los actores involucrados. La presidenta Boluarte ha manifestado su intención de que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública actúe como un ente que no solo responda a las emergencias, sino que también genere un ambiente de paz y tranquilidad social. La sociedad civil, en este contexto, jugará un papel crucial en la vigilancia y exigencia del cumplimiento de estos nuevos estándares de seguridad.