Vaca Muerta: el desarrollo energético en riesgo por sismos y fracking en Neuquén

En la provincia de Neuquén, el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta se presenta como una oportunidad dorada para el desarrollo económico y energético de Argentina. Sin embargo, tras el brillo de esta promesa se oculta una realidad preocupante: el aumento de la sismicidad en la región, que ha llevado a los lugareños a vivir con un creciente temor. Desde 2018, se han registrado 499 sismos de diversas magnitudes en esta zona, y muchos expertos apuntan al fracking como el principal responsable de este fenómeno. El último sismo ocurrió el pasado fin de semana, lo que intensificó la alerta entre los residentes de localidades cercanas como Añelo. En este contexto, el presidente Javier Milei contempla un viaje a Vaca Muerta para reunirse con empresarios del sector petrolero, lo que ha generado críticas sobre la falta de atención a las inquietudes de la población local. La situación se complica cuando se considera que, a pesar del "boom" del petróleo, muchos habitantes carecen de servicios básicos como gas y comunicación, y enfrentan problemas serios como la falta de calefacción. El geógrafo Javier Grosso, impulsor del Observatorio de Sismicidad Inducida, ha señalado que el fenómeno de la sismicidad inducida por el fracking no es nuevo. "Antes del año 2018 no existían sismos en esta región. A partir de ese año, todo ha cambiado", afirmó. Grosso explica que el fracking, una técnica que utiliza la fracturación hidráulica de rocas para extraer hidrocarburos, está ligado directamente a los temblores reportados, que han afectado cada vez más la vida cotidiana de los ciudadanos. En lo que va del año, se han registrado 52 sismos, de los cuales solo 10 son de origen natural. Las alarmas se han encendido especialmente porque se han reportado temblores superiores a 4 en la escala de Richter, lo que evidentemente genera preocupación y malestar en una población que ya se siente vulnerable. "Estos son terremotos", enfatiza Grosso, señalando que la terminología utilizada para describir estos eventos puede afectar la percepción del riesgo entre los habitantes. El más fuerte, con magnitud 5, ocurrió en marzo de 2019. El papel del Estado, bajo la actual administración del gobernador Rolando Figueroa, ha sido objeto de críticas. Grosso destacó que "no hay regulación sobre la sismicidad inducida y, al parecer, no está en los planes del gobierno neuquino abordar esta problemática". Las empresas operadoras utilizan un sistema de "semáforos sísmicos", que les permite auto regular sus actividades, pero el Estado no tiene injerencia en este proceso, algo que contrasta con lo que ocurre en otros países como Canadá e Inglaterra, donde el control estatal es esencial. Los residentes de Souzal Bonito, una localidad cercana, han comenzado a agruparse para exigir mayor atención a sus preocupaciones. Uno de sus habitantes, Andrés Durán, describe su hogar como un lugar que solía ser tranquilo y paradisíaco, pero que ahora vive en constante alerta por los temblores. "La vida de la gente acá no vale nada. Hemos sido desplazados de nuestro propio lugar", lamenta, evidenciando el profundo impacto psicológico y emocional que los sismos han tenido en la comunidad. La inseguridad ha llevado a los vecinos a actuar y buscar justicia. Desde marzo del año pasado, han interpuesto una causa judicial en la Corte Suprema de la Nación, pero hasta el momento, el caso no ha mostrado avances. Durán señala que el sacrificio por la soberanía energética no puede recaer sobre quienes habitan estas tierras, sino que debe ser asumido por aquellos que se benefician económicamente del fracking. El fracking, que muchos ven como la solución a la crisis energética del país, también se presenta como un riesgo inminente para la vida y la seguridad de las personas que viven en su vecindario. Mientras el presidente se prepara para reunirse con empresarios, los lugareños continúan enfrentando una realidad llena de incertidumbres y temores, en la que su bienestar parece estar relegado a un segundo plano. La situación en Vaca Muerta refleja una tensión creciente entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y la vida de las comunidades locales. Los llamados de atención de los expertos y las denuncias de los residentes son claros: se necesita un control estatal riguroso y una regulación efectiva que priorice la seguridad y la salud de la población, en lugar de permitir que las empresas se autorregulen sin ninguna supervisión. Es crucial que la voz de los habitantes de Neuquén sea escuchada y que se tomen medidas concretas para abordar la problemática de la sismicidad inducida. El futuro de Vaca Muerta no debería ser solo una cuestión de riqueza y desarrollo, sino también de justicia social y cuidado del entorno.