Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El último domingo, Venezuela volvió a ser escenario de una farsa electoral que ha dejado a la ciudadanía más desilusionada que nunca. En lo que muchos consideran un nuevo capítulo del colapso democrático del país, el régimen de Nicolás Maduro proclamó su victoria en unas elecciones que carecieron de la transparencia necesaria y que fueron marcadas por una serie de irregularidades. Mientras el mundo observaba con escepticismo, la maquinaria chavista se desplegó en toda su extensión, confirmando que el respeto a la voluntad popular sigue siendo una ilusión en la nación sudamericana. Previo a las elecciones, el régimen se dedicó a descalificar a los líderes de la oposición, vetando especialmente a María Corina Machado, quien había logrado un notable apoyo en las primarias opositoras. A pesar de estos obstáculos, Machado no se quedó quieta y canalizó su respaldo hacia Edmundo González Urrutia, un académico relativamente desconocido en la política, pero que, según las encuestas, se mostraba como el verdadero contendiente a la presidencia. Sin embargo, el chavismo se preparó para una defensa feroz de su mandato, utilizando todos los recursos a su disposición. Durante la campaña, el control estatal sobre los medios y los programas de asistencia social fue evidente, pues se usaron para favorecer la imagen de Maduro y deslegitimar a su contrincante. Mientras tanto, las amenazas y las represalias cayeron sobre los colaboradores de Machado. La negativa del régimen a permitir una observación internacional efectiva, así como la obstrucción del voto en el extranjero, evidencian el temor que siente el chavismo ante una posible derrota. El día de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la dirección de Elvis Amoroso, un estrecho aliado de Maduro, proclamó a este último como ganador con el 51.2% de los votos. Sin embargo, este resultado fue rápidamente cuestionado por numerosos gobiernos de América Latina y organizaciones internacionales, que pedían transparencia y acceso a las actas de votación. Los informes de las encuestas previas, que daban a González Urrutia una ventaja de entre 20 y 30 puntos, se convirtieron en un eco de la incredulidad ante la proclamación del CNE. La oposición denunció que solo se les permitió acceder al 40% de las actas de votación, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de los resultados. A pesar de que la ley contempla que los representantes de los candidatos deben tener acceso a todas las actas, muchos fueron desalojados de los centros de votación por las fuerzas del orden. Esta falta de acceso a la información crítica para verificar el proceso electoral es un claro indicio de las intenciones del régimen. Las acusaciones de un supuesto hackeo que presuntamente afectó el sistema electoral, sin pruebas concretas, solo sirven para ocultar la realidad de un oscuro proceso que no respeta la voluntad de los ciudadanos. En el 40% de las actas que la oposición logró recolectar, González Urrutia habría ganado con un 70% de los sufragios, lo que contrasta drásticamente con los números que el régimen ha presentado al mundo. Mientras el CNE se apresuró a declarar a Maduro como ganador, las protestas comenzaron a surgir en varias ciudades del país. La población, cansada de ser ignorada y manipulada, empezó a alzar su voz contra lo que consideran un nuevo atraco a la democracia. La desesperación del régimen por mantener su narrativa se manifiesta en actos que solo alimentan la desconfianza y el descontento generalizado. En un giro irónico, algunos políticos en Perú, como Kelly Portalatino y Flavio Cruz, se apresuraron a dar por buenos los resultados del CNE, mientras otros, como Verónika Mendoza, eligieron el silencio, mostrando una doble moral que no pasa desapercibida. El apoyo de ciertos sectores políticos a un régimen que ha abusado de su poder resuena en el contexto de un continente que ha luchado por la democracia. La comunidad internacional se enfrenta a una responsabilidad crítica: no dejar que el chavismo se salga con la suya en este nuevo fraude electoral. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada, y los esfuerzos por validar una elección espuria solo servirán para perpetuar el sufrimiento de una nación que clama por justicia. Los venezolanos merecen más que la burla de un régimen que se aferra al poder a costa de su dignidad y su futuro. La lucha por la democracia en Venezuela no ha terminado; al contrario, está más viva que nunca.