CAL critica la falta de atención de Boluarte a la administración de justicia en Perú

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha expresado su preocupación por la falta de atención que la presidenta Dina Boluarte ha dedicado a la administración de justicia en su reciente mensaje a la Nación, el cual, por su extensión, se ha convertido en uno de los más largos en la historia del país. En el comunicado emitido por la institución, se destaca una serie de deficiencias en el sistema judicial peruano, que van desde la escasez de jueces y fiscales, hasta la ausencia de políticas claras que permitan combatir la delincuencia y la corrupción que afectan a la sociedad. El CAL señala que la administración de justicia no solo es un poder del Estado, sino que constituye la base fundamental del Estado de derecho. En este sentido, enfatiza que el respeto a los derechos fundamentales y la garantía de la libertad dependen de un sistema judicial sólido y eficaz. La omisión en la mejora de este ámbito es considerada por el CAL como una falla grave que va en detrimento de la democracia y del quehacer republicano del país. La situación actual del sistema judicial en Perú es crítica. Según el CAL, hay una alarmante carencia en el número de jueces y fiscales, lo que repercute directamente en la capacidad del Estado para sancionar delitos y combatir la impunidad. Esta falta de recursos humanos se acompaña de una infraestructura obsoleta y poco adecuada, lo que pone en evidencia la urgencia de una reforma integral que permita modernizar el sistema de justicia. Ante este panorama, el CAL hace un llamado urgente al Gobierno para que priorice el mejoramiento de la administración de justicia. Sugiere, entre otras cosas, la necesidad de capacitar y nombrar a nuevos jueces y fiscales, así como la asignación de mayores recursos económicos que permitan una correcta administración del sistema. La falta de inversión en este sector ha sido un tema recurrente en los últimos años, y el CAL argumenta que es imperativo actuar con celeridad para revertir esta situación. En su comunicado, el CAL exhorta a la presidenta Boluarte a convocar a un Consejo de Estado, un espacio donde se podría diseñar y ejecutar una reforma judicial que sea verdaderamente independiente y democrática. La propuesta busca dotar al Poder Judicial de la autonomía necesaria para operar sin interferencias externas, lo que es vital para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país. La presidenta Boluarte, en su mensaje a la Nación, destacó diversos logros y desafíos del Gobierno, pero aparentemente no incluyó en su discurso la urgente necesidad de reformas en el sistema judicial. Esta omisión ha generado un descontento notable entre los profesionales del derecho, quienes consideran que la administración de justicia debe ser una prioridad en la agenda gubernamental. La falta de un sistema judicial eficiente ha llevado a que muchos ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones. La percepción de impunidad y la sensación de que los delitos quedan sin castigo son temas recurrentes en el debate público, y el CAL señala que es tiempo de que el Gobierno asuma su responsabilidad en este aspecto. El Colegio de Abogados de Lima se ha posicionado como una voz crítica frente a la inacción del Gobierno en cuanto a la reforma judicial. Su llamado no solo es un reclamo profesional, sino también un compromiso con la sociedad por lograr un sistema judicial que funcione de manera efectiva y que esté al servicio de los ciudadanos. A medida que el país enfrenta desafíos crecientes en materia de seguridad y justicia social, es crucial que el Gobierno tome en cuenta estas recomendaciones del CAL y considere la posibilidad de iniciar un diálogo con todos los actores involucrados en la administración de justicia. La colaboración y el consenso son fundamentales para lograr un cambio real y duradero en este ámbito. En última instancia, la administración de justicia es un pilar esencial para el desarrollo democrático y el respeto al Estado de derecho. La falta de acción en este sentido no solo afecta a los profesionales del derecho, sino a toda la ciudadanía, que espera con esperanza un sistema que garantice sus derechos y que actúe con firmeza frente a la delincuencia y la corrupción que amenazan la estabilidad del país.