Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Dos años después de que un voraz incendio arrasara más de 14.000 hectáreas de monte y cultivos en Ateca, la factura del desastre continúa aumentando, sumando consecuencias devastadoras para los habitantes de once municipios zaragozanos afectados por las llamas. La magnitud de la tragedia medioambiental ha dejado en evidencia la falta de recursos para reparar el daño causado, mientras las reclamaciones millonarias se multiplican, apuntando a una responsabilidad que deberá ser asumida por alguna parte. En este contexto, una cooperativa de transformación agrícola en Moros, perteneciente a la Comunidad de Calatayud, ha elevado su reclamación a 750.000 euros, correspondientes a las pérdidas sufridas debido al incendio que consumió por completo sus instalaciones. La rápida propagación del fuego impidió salvar la nave de 1.200 metros cuadrados que albergaba cinco cámaras frigoríficas con toneladas de fruta, dejando únicamente la solera y la cimentación en pie, lo que explica la elevada indemnización solicitada. No obstante, la cooperativa de Moros representa solo uno de los muchos afectados por el incendio forestal de Ateca, considerado uno de los más devastadores en la historia de Aragón. Agricultores y ganaderos de los municipios afectados vieron cómo sus medios de vida se desvanecían en las llamas, sumando pérdidas inmensurables en cultivos, colmenas y ganado. Fina Martínez, una fruticultora de Moros, relató la devastación sufrida en su finca de cinco hectáreas, donde 9.000 árboles fueron destruidos irreversiblemente a pesar de los esfuerzos por salvarlos. Ante esta situación, el Gobierno aragonés recibió 76 solicitudes de ayuda de urgencia por parte de los afectados, buscando paliar en parte las consecuencias del desastre. Sin embargo, la responsabilidad por los daños millonarios causados por el incendio recae en un punto muerto, tras la revocación de la declaración de responsabilidad civil subsidiaria al Gobierno por parte de la Audiencia Provincial de Zaragoza. La incertidumbre sobre quién asumirá finalmente las indemnizaciones persiste, mientras se busca determinar a los responsables del inicio del fuego. El informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil señala a cinco personas como presuntas responsables de la imprudencia que desencadenó el incendio en el paraje de Monegrillo. Entre ellos se encuentran el conductor de la pala-excavadora y el encargado de la empresa subcontratada para las labores de reforestación, así como tres empleados de la empresa encargada del proyecto. A pesar de las declaraciones y argumentos de defensa presentados, la incertidumbre sobre el desenlace del caso persiste. Mientras tanto, la instrucción del caso avanza lentamente, con la jueza de Calatayud recibiendo peritajes de daños y examinando las circunstancias que rodean el incendio. La posibilidad de que los cinco encausados enfrenten un juicio pendula en el aire, generando incertidumbre sobre el desenlace final del caso. La complejidad del mismo y la necesidad de esclarecer la responsabilidad en un desastre de tal magnitud sugieren que el proceso legal podría extenderse, requiriendo la intervención de la Audiencia de Zaragoza en futuras decisiones. En este contexto de incertidumbre y devastación, las comunidades afectadas por el incendio de Ateca aguardan respuestas y justicia ante una tragedia que ha dejado profundas cicatrices en el territorio y en la vida de sus habitantes.