Polémica por irregularidades en empadronamiento de damnificados en Arequipa

Polémica por irregularidades en empadronamiento de damnificados en Arequipa

Irregularidades en empadronamiento de damnificados en Caravelí generan dudas y controversia. Es crucial investigar para asegurar transparencia y ayuda efectiva. Medidas se toman para fortalecer gestión de riesgos en la región.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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En Arequipa se ha desatado una polémica luego de que se detectaran irregularidades en el empadronamiento de damnificados por el sismo ocurrido el pasado 28 de junio en Caravelí, de magnitud 7.0. La Municipalidad Provincial de Caravelí solicitó la declaratoria de emergencia tras los daños provocados por el terremoto y las réplicas, pero al parecer la información enviada no se ajusta a la realidad, generando dudas sobre la veracidad de los datos presentados. Una de las situaciones que ha generado mayor controversia es el caso de Ana Doris Morales Zamudio, quien aparece en la lista de empadronados como damnificada por la pérdida de 500 toneladas de recursos naturales, información que no coincidiría con lo que la propia ciudadana ha declarado, indicando que su situación de damnificada se limita a su vivienda. El congresista Edwin Martínez, a quien se le solicitó la declaratoria de emergencia, confirmó que recibió el pedido del municipio provincial, pero al verificar la información no encontró coincidencias con la realidad de los hechos. Martínez expresó su preocupación por esta situación, señalando que se estaría tratando de sacar provecho de una tragedia natural para obtener beneficios de manera fraudulenta. Además del caso de Ana Doris Morales, Martínez mencionó la presencia de dos menores de edad en la lista de damnificados, quienes también estarían siendo objeto de escarnio por parte de la comunidad al no corresponder su inclusión en el registro de afectados por el sismo. Ante estas irregularidades, el congresista ha remitido la documentación a Contraloría para que se realice una investigación y se determinen las responsabilidades correspondientes. Por su parte, el reporte del Sistema Nacional de Plataforma de Defensa Civil (SINPAD) indica que en el distrito de Lomas, uno de los más afectados por el sismo, se registran 32 familias damnificadas, con 25 viviendas afectadas y 1 vivienda destruida. Estos datos contrastan con las informaciones recibidas por las autoridades, lo que pone en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de empadronamiento y evaluación de daños. Ante la gravedad de la situación, el congresista Martínez ha instado a que se realice una investigación a fondo para determinar si hubo negligencia o falta administrativa en el proceso de empadronamiento de los damnificados, con el objetivo de corregir las irregularidades detectadas y sancionar a los responsables, en caso de ser necesario. En medio de esta controversia, la Municipalidad Provincial de Arequipa ha anunciado que destinará 2.5 millones de soles para la elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y un Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), buscando mejorar la gestión de riesgos y la respuesta a emergencias en la región. Esta medida se presenta como una respuesta a las deficiencias detectadas en el proceso de empadronamiento de los damnificados, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de desastre como la ocurrida en Caravelí. En conclusión, las irregularidades en el empadronamiento de damnificados en Caravelí han generado preocupación y cuestionamientos sobre la transparencia y veracidad de la información presentada. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes verdaderamente la necesitan. La gestión adecuada de situaciones de emergencia es crucial para proteger a las comunidades vulnerables y evitar posibles actos de corrupción que puedan perjudicar a los afectados por desastres naturales.

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