Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La corrupción es el cáncer que carcome las entrañas de nuestra sociedad peruana, socavando la confianza en las instituciones y dañando a los ciudadanos más vulnerables. Recientemente, hemos visto cómo algunos periodistas han defendido contratos de concesiones teñidos de corrupción, como los otorgados por las organizaciones criminales Odebrecht y OAS a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La confesión de la exalcaldesa Susana Villarán sobre haber recibido dinero de estas entidades ha puesto en evidencia la magnitud del problema. En este contexto, es preocupante que ciertos medios de comunicación prioricen la estabilidad jurídica de empresas corruptas por encima del bienestar de la población. La defensa a ultranza de contratos que perjudican a los ciudadanos más necesitados, como el cobro de peajes abusivos, es inaceptable. Por suerte, el Tribunal Constitucional ha dado un paso en la dirección correcta al suspender el cobro del peaje de Puente Piedra, protegiendo los derechos fundamentales de los más desfavorecidos. Otro ejemplo de los estragos de la corrupción en la sociedad peruana es el caso de la línea 2 del metro de Lima. La demora de casi una década en su construcción ha provocado estragos en la economía local, llevando a la bancarrota a miles de negocios y afectando la calidad de vida de la población de Lima Este. Resulta inadmisible que proyectos de esta envergadura sean gestionados de manera tan negligente, perjudicando a la ciudadanía y enriqueciendo a unos pocos corruptos. Es necesario reflexionar sobre el papel de ciertos periodistas que parecen obviar el sufrimiento de los ciudadanos a cambio de defender intereses oscuros. La falta de objetividad y la parcialidad en la cobertura de noticias relacionadas con la corrupción son síntomas de un problema más profundo en nuestra sociedad. Es fundamental que la prensa cumpla su rol de contralor del poder y defensor de los derechos ciudadanos, en lugar de servir de altavoz a los corruptos. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad nacional, un compromiso de todos los sectores de la sociedad. Las organizaciones corruptas siguen operando impunemente, amparadas por una red de complicidades que incluye a fiscales, procuradores, juristas y medios de comunicación. La mirada complaciente de ciertos periodistas hacia la corrupción solo perpetúa este flagelo, debilitando las bases de nuestra democracia. Es hora de exigir transparencia, rendición de cuentas y justicia. Los ciudadanos merecen vivir en un país donde la corrupción no sea la norma, donde los recursos públicos se gestionen de manera eficiente y se inviertan en el bienestar de todos. Es deber de la prensa ser un contrapeso al poder, investigar a fondo los casos de corrupción y denunciar las injusticias, sin temor ni favoritismos. Erradicar la corrupción de raíz es un desafío monumental, pero es un paso imprescindible si queremos construir un país más justo y próspero para las futuras generaciones. La corrupción no puede ser tolerada ni justificada, y es responsabilidad de todos, incluidos los medios de comunicación, trabajar juntos para combatirla y recuperar la confianza en nuestras instituciones. Es hora de poner fin a la impunidad y trabajar unidos por un Perú más transparente y ético.