Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La Fiscalía en Perú ha dado un paso importante en el caso de corrupción relacionado con la empresa brasileña Odebrecht, al proponer utilizar las declaraciones proporcionadas por el exdirectivo Jorge Barata para respaldar la acusación contra el expresidente Ollanta Humala. Este movimiento se produce ante la negativa de otros exdirectivos de la compañía a declarar, lo que ha complicado la investigación en torno a presuntos aportes ilícitos durante la campaña electoral de 2011. El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, ha sugerido el uso de las declaraciones previas de los exdirectivos de Odebrecht, grabadas en video y transcritas, como una pieza fundamental para el caso. Estas declaraciones proporcionan información clave sobre los presuntos aportes de la empresa a la campaña de Humala, y podrían ser determinantes en el proceso judicial en curso. El Tercer Juzgado Penal Nacional Colegiado, integrado por los jueces Juana Caballero Salazar, Nayko Coronado Laura y Max Vengoa Valdiglesias, tendrá la tarea de evaluar en agosto si admitir estas declaraciones previas como parte de la investigación. Entre los exdirectivos cuyas declaraciones son cruciales se encuentran figuras como Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, Luis Mameri, y otros más, cuya cooperación es vital para esclarecer los hechos. La posible inclusión de estos videos y transcripciones en la etapa de investigación podría dar a la Fiscalía una posición más sólida en los casos relacionados con la operación Lava Jato, como el caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular. Estos nuevos elementos de prueba podrían arrojar luz sobre la presunta financiación ilegal de campañas políticas y fortalecer la lucha contra la corrupción en el país. Sin embargo, la situación se complica debido a la negativa de otros exdirectivos de Odebrecht a declarar, motivada por una decisión del juez de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Dias Toffoli. Esta prohibición se basa en supuestas irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas, lo que ha llevado a los principales investigados a evitar brindar declaraciones a las autoridades judiciales. La complejidad de este caso refleja el entramado de intereses y complicidades en torno a la corrupción empresarial y política, que ha permeado diversos niveles de la sociedad. La colaboración de exdirectivos de Odebrecht es crucial para esclarecer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia, con el objetivo de fortalecer el estado de derecho y combatir la impunidad. Es fundamental que las instituciones judiciales actúen con transparencia y diligencia en este caso, garantizando un proceso justo y equitativo que responda a las demandas de la ciudadanía por justicia y rendición de cuentas. La sociedad peruana observa con atención el desarrollo de este juicio, en el que se juega no solo la responsabilidad de individuos específicos, sino la credibilidad y la integridad de las instituciones encargadas de administrar justicia en el país. La condena vehemente de Perú contra los actos de violencia perpetrados contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enmarca en un contexto de indignación global ante la violencia política y la polarización que ha caracterizado la escena internacional en los últimos años. Es fundamental que los líderes políticos y las instituciones se apeguen a los principios democráticos y al respeto por los derechos humanos, rechazando cualquier forma de violencia como método para dirimir diferencias y conflictos.