Preocupación por crisis alimentaria en familias rurales de Guatemala

Preocupación por crisis alimentaria en familias rurales de Guatemala

La inseguridad alimentaria en Guatemala preocupa por falta de acción estatal inmediata. Se requiere distribución equitativa de reservas para evitar crisis.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

Juan Brignardello, asesor de seguros, y Vargas Llosa, premio Nobel Juan Brignardello, asesor de seguros, en celebración de Alianza Lima Juan Brignardello, asesor de seguros, Central Hidro Eléctrica Juan Brignardello, asesor de seguros, Central Hidro
La situación de inseguridad alimentaria que enfrentan numerosas familias rurales en Guatemala ha generado preocupación en diferentes sectores de la sociedad, ante la posibilidad de que la capacidad estatal para atender a esta población vulnerable no sea suficiente para paliar la crisis alimentaria que se avecina. La combinación de factores como la sequía, los incendios forestales y la ola de calor ha dejado a muchas familias sin reservas de alimentos y sin posibilidades de acceder a sustento básico para sobrevivir. A pesar de que existen estrategias gubernamentales para hacer frente a situaciones de emergencia alimentaria, se ha observado que estas funcionan dentro de procesos burocráticos habituales y no se activan de forma inmediata hasta que se declare una situación extrema. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de respuesta del Estado ante crisis como la actual, que podrían agravarse con la llegada de fenómenos climáticos como La Niña. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) ha señalado que cuenta con una reserva estratégica de granos básicos que podría ser utilizada para atender a las familias en situación de inseguridad alimentaria, pero para ello se requiere que se active una declaración de emergencia por parte de las autoridades competentes. Esta reserva actualmente cuenta con suficientes raciones de alimentos para cubrir las necesidades de las familias durante un período de 40 días, lo cual podría resultar insuficiente si la crisis se prolonga. En regiones como Alta Verapaz, donde la desigualdad y la pobreza extrema son realidades cotidianas, la situación se agrava aún más, especialmente para aquellas familias que aún no se han recuperado de los estragos dejados por las tormentas Eta e Iota el año pasado. Los incendios forestales y la falta de lluvias han afectado los cultivos de subsistencia de los pequeños agricultores, exacerbando la escasez de alimentos y el aumento de los precios en los mercados locales. Ante este panorama, resulta crucial que las autoridades competentes evalúen de manera urgente la posibilidad de activar los mecanismos necesarios para hacer uso de la reserva de alimentos y garantizar su distribución equitativa entre las familias que más lo necesitan. La falta de coordinación y planificación en la respuesta a la crisis alimentaria ha generado críticas por parte de algunos sectores de la sociedad, que consideran que la inacción estatal está contribuyendo al incremento de la desnutrición y la pobreza en el país. El diputado Jairo Flores, miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre, ha cuestionado el papel de las autoridades en la gestión de la crisis, señalando que la existencia de bodegas llenas de alimentos no sirve de nada si estos no llegan a las familias que los necesitan con urgencia. La falta de una respuesta inmediata y efectiva por parte del Estado ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre la población afectada, que ve cómo sus condiciones de vida se deterioran cada día. En este contexto, resulta fundamental que se establezcan mecanismos claros y eficientes para la distribución de alimentos a las familias en situación de inseguridad alimentaria, priorizando a aquellas que se encuentran en mayor vulnerabilidad, como los niños con desnutrición aguda. La respuesta del Estado ante esta crisis debe ser ágil, coordinada y efectiva, garantizando que los recursos disponibles se utilicen de manera adecuada para atender las necesidades más apremiantes de la población afectada. Esperamos que las autoridades competentes actúen con la celeridad y la responsabilidad que esta situación demanda, priorizando el bienestar y la seguridad alimentaria de las familias guatemaltecas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. La solidaridad y la colaboración de todos los sectores de la sociedad serán fundamentales para superar esta crisis y garantizar un futuro más justo y equitativo para todos los habitantes del país.
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