Avances en la investigación del atentado contra el precandidato Uribe Turbay

La Fiscalía General de Colombia ha dado un paso significativo en la investigación del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asegurando que las pesquisas apuntan a una red de sicarios como responsable del ataque. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ofreció una rueda de prensa este lunes, donde detalló los avances en las investigaciones que se han llevado a cabo desde el sábado, cuando se perpetró el ataque en la capital del país.

Desde la captura de un menor de 15 años, quien disparó contra Uribe Turbay, las autoridades han estado recopilando evidencias que incluyen más de 1,000 videos y 23 entrevistas, además de estudios balísticos que podrían ayudar a esclarecer el caso. Camargo enfatizó que aunque hay un detenido, la Fiscalía se encuentra en la búsqueda de la estructura criminal que orquestó el atentado, subrayando que el individuo aprehendido es solo un "ejecutor material".

La fiscal también destacó la dificultad de las investigaciones debido a la naturaleza de las redes de sicarios, quienes generalmente carecen de información sobre los responsables finales de los crímenes que llevan a cabo. "Buscamos una cadena de responsabilidad completa", afirmó Camargo, dejando claro que la Fiscalía tiene la intención de ir más allá de la captura de un solo individuo y desmantelar la organización criminal detrás del ataque.

Por otro lado, la salud del senador Uribe Turbay sigue siendo una preocupación central. El menor que disparó, quien se encuentra en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá, aún no ha sido interrogado debido a su condición médica. Camargo explicó que aunque el menor mostró interés en hablar tras su captura, se priorizó su atención médica y su protección, dado su estatus como menor de edad.

La fiscal también hizo una aclaración importante: el tratamiento que reciben los menores en estas circunstancias es diferente al de los adultos. Son considerados víctimas y su protección está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo, lo que implica que el enfoque de la justicia podría ser restaurativo en lugar de punitivo.

El director de la Policía Nacional, Carlos Triana, añadió otro elemento crucial al caso al revelar que el arma utilizada en el atentado, una pistola Glock, fue adquirida en agosto de 2020 en Arizona, Estados Unidos. Sin embargo, el camino que siguió el arma para llegar a manos del menor en Colombia todavía es un misterio que las autoridades intentan resolver. Triana mencionó que se está llevando a cabo un estudio para comparar el arma con otras evidencias de casos criminales, lo que podría vincular el atentado a otras acciones delictivas y grupos criminales.

Además, la investigación se ha extendido a la escolta del senador Uribe, tras los comentarios del presidente Gustavo Petro sobre la posible infiltración en su esquema de seguridad. Triana anunció que se ha iniciado una investigación disciplinaria sobre los cuatro policías encargados de la seguridad del precandidato, aunque aún no está claro si otros miembros de la Unidad Nacional de Protección enfrentarán una indagación similar.

El ambiente de incertidumbre y temor que ha generado este atentado resuena en todo el país, especialmente en un periodo electoral marcado por tensiones políticas y sociales. La Fiscalía está bajo presión para garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y efectiva, que no solo aclare los hechos, sino que también disuada a futuros actos de violencia política.

Mientras tanto, el futuro de la campaña de Uribe Turbay se ha visto comprometido por este crimen, que pone de manifiesto la creciente inseguridad y el riesgo que enfrentan los candidatos en el país. La atención está puesta no solo en la salud del senador, sino también en el desarrollo de las investigaciones que podrían cambiar el rumbo de la política colombiana.

Las autoridades se comprometen a trabajar arduamente para esclarecer este atentado y llevar ante la justicia a todos los responsables, pero la tarea no es fácil, y el tiempo apremia. La sociedad colombiana observa con atención cada avance en la investigación, esperando que se haga justicia de manera efectiva y que se garantice la seguridad de todos los actores políticos en el país.