Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Claudia Sheinbaum, en su rol de presidenta de México, ha presentado recientemente el Plan México, que busca posicionar al país entre las diez economías más grandes del mundo y en el top cinco de destinos turísticos. Sin embargo, este plan ha suscitado un amplio debate sobre su alineación con las ideologías políticas que han predominado en la historia del país. A muchos les resulta inquietante la similitud entre el enfoque del actual gobierno y el neoliberalismo que, en su momento, fue criticado por sus efectos negativos sobre la economía y la desigualdad social. El enfoque del Plan México se enmarca dentro de un contexto donde, por un lado, se busca fomentar el crecimiento económico, pero, por otro, parece haber una regresión hacia estrategias como la sustitución de importaciones. Este elemento ha generado preguntas sobre si realmente se está tratando de avanzar hacia un desarrollo sostenible o si, al contrario, se está perpetuando un modelo que ha demostrado ser ineficaz para resolver las desigualdades que enfrenta la sociedad mexicana. Las críticas se dirigen no solo al contenido del plan, sino también a la forma en que se presenta y se implementa. La falta de representación de los pequeños empresarios, tales como los dueños de "la tiendita de la esquina", en los eventos y asambleas donde se discuten estos planes, ha puesto de relieve una desconexión entre el gobierno y las necesidades de la población. Muchos cuestionan si la modernización económica realmente beneficiará a la mayoría de los ciudadanos o si, por el contrario, favorecerá a un grupo selecto de empresarios, quienes históricamente han estado alineados con los intereses del poder. La desigualdad en México ha alcanzado niveles alarmantes, donde un pequeño porcentaje de la población acumula la mayor parte de la riqueza, mientras que millones de mexicanos viven en condiciones de miseria. Esta polarización social, exacerbada por un sistema que a menudo parece favorecer a los privilegiados, ha llevado a que haya un creciente descontento entre las clases más desfavorecidas. Se está gestando un caldo de cultivo para posibles estallidos sociales que, si no se manejan adecuadamente, podrían resultar en un conflicto abierto. El contraste entre el discurso del gobierno y la realidad que viven muchos mexicanos se hace cada vez más evidente. Las promesas de crecimiento y desarrollo se ven empañadas por la persistente pobreza y la falta de oportunidades para las clases trabajadoras. Es en este contexto que surge la pregunta: ¿qué tipo de México se está construyendo? ¿Uno donde la riqueza se concentre aún más, o uno donde se busque una equidad real? Históricamente, la lucha en México ha sido entre diferentes visiones sobre cómo debería ser la organización social y económica del país. Hoy, parece que la narrativa se ha reducido a una lucha entre "el pueblo" y "los fifís", pero esta polarización no resuelve los problemas estructurales que han llevado a la desigualdad y a la pobreza. La reiterada incapacidad del sistema para abordar las necesidades de la población más vulnerable ha desencadenado una sensación de desesperanza. Los antecedentes históricos de la política económica mexicana nos enseñan que las decisiones tomadas por las élites han beneficiado a unos pocos a expensas de la mayoría. La historia del capitalismo en México ha estado marcada por una entrega de recursos y oportunidades a un grupo reducido, mientras que las clases medias y bajas han visto cómo su situación se deteriora sin que se les ofrezca una salida viable. En este sentido, es imperativo que haya un cambio de paradigma. La urgencia de implementar un liberalismo social que atienda las demandas de justicia, equidad y desarrollo sostenible se hace más apremiante que nunca. Si las políticas económicas continúan favoreciendo a un pequeño grupo, el riesgo de un estallido social será cada vez mayor, y las consecuencias podrían ser devastadoras para la nación. Es fundamental que el gobierno no solo escuche, sino que actúe en consecuencia, reformulando su estrategia para asegurar que el desarrollo económico se traduzca en bienestar social. La inclusión de todos los sectores de la economía, especialmente los más pequeños y vulnerables, es clave para lograr un verdadero progreso que beneficie a la nación en su conjunto. El futuro de México depende de la capacidad de sus líderes para superar los viejos paradigmas que han perpetuado la desigualdad y avanzar hacia un modelo más justo y equitativo, donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de prosperar y contribuir al bienestar colectivo. Sin una reorientación clara hacia el bienestar social, el riesgo de perpetuar un ciclo de pobreza y exclusión seguirá acechando al país.