Demanda federal contra PacifiCorp por negligencia en los incendios forestales del Día del Trabajo de 2020.

Demanda federal contra PacifiCorp por negligencia en los incendios forestales del Día del Trabajo de 2020.

El gobierno federal ha demandado a PacifiCorp por negligencia relacionada con el incendio de Archie Creek en 2020, en medio del aumento de las tarifas de servicios públicos y el escrutinio.

Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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El último desarrollo tras los devastadores incendios forestales del Día del Trabajo de 2020 ha visto al gobierno federal entrar en la contienda legal, presentando una demanda contra PacifiCorp por presunta negligencia que condujo al catastrófico incendio de Archie Creek. Este incendio, que se inició el 8 de septiembre de 2020, fue un desastre significativo en Oregón, consumiendo finalmente más de 130,000 acres antes de ser completamente controlado el 31 de octubre del mismo año. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. de Oregón, detalla que el incendio forestal causó daños sustanciales tanto a tierras públicas como privadas, afectando a 67,074 acres gestionados por autoridades federales. El gobierno afirma que incurrió en costos considerables asociados con los esfuerzos de extinción de incendios, así como en reforestación y restauración. Además, la demanda destaca la pérdida de hábitats de vida silvestre y recursos naturales valiosos, lo que ha impuesto una pesada carga tanto sobre el medio ambiente como sobre las economías locales. En el núcleo de la demanda está la afirmación de que PacifiCorp no cumplió con sus obligaciones contractuales de mantener el equipo de las líneas eléctricas y gestionar la vegetación cerca de estas. Las alegaciones sugieren un patrón de negligencia, citando que la compañía recibió al menos 250 violaciones relacionadas con el desmonte de vegetación por parte de la Comisión de Servicios Públicos de Oregón entre 2013 y 2020. Este historial de violaciones de seguridad, combinado con los detalles del incidente del incendio de Archie Creek, ha intensificado el escrutinio sobre las prácticas operativas de la empresa, particularmente en áreas de alto riesgo propensas a incendios forestales. El momento de la demanda es particularmente notable, ya que coincide con la reciente aprobación de un aumento del 8.5% en las tarifas para los clientes de PacifiCorp por parte de la Comisión de Servicios Públicos de Oregón. Este incremento se produce mientras la empresa busca gestionar el aumento de los costos de seguros atribuidos al creciente riesgo de incendios forestales en la región. El aumento de tarifas propuesto se había fijado inicialmente en un asombroso 17.9%, lo que subraya las presiones financieras que enfrenta la compañía en medio de la creciente actividad de incendios forestales. PacifiCorp ha reconocido la demanda federal, declarando que está al tanto de la queja y revisará minuciosamente los documentos legales antes de responder. La compañía de servicios públicos ha participado anteriormente en acuerdos multimillonarios con individuos y empresas afectadas por los incendios forestales, lo que indica su conciencia sobre el impacto significativo que estos desastres han tenido en la comunidad. A medida que se desarrollan los procedimientos legales, las implicaciones para PacifiCorp podrían ser profundas, no solo en términos de responsabilidades financieras, sino también en lo que respecta a sus protocolos operativos en el futuro. El resultado de esta demanda podría sentar un precedente sobre cómo se responsabiliza a las compañías de servicios públicos por su papel en la gestión y prevención de incendios forestales, particularmente en un estado que ha visto un aumento en los incidentes de incendios forestales en los últimos años. Para los residentes y partes interesadas en la región, el caso representa un momento crítico en la lucha continua por equilibrar las operaciones de servicios públicos con la responsabilidad ambiental y la seguridad pública.

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