Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Ayer, el Congreso de la Unión vivió un momento crucial con la toma de protesta de los 500 nuevos diputados y 128 senadores que conformarán la Legislatura 66, una etapa que se prevé llena de retos y controversias. Esta sesión inauguró un nuevo ciclo legislativo que, aunque comienza con el optimismo típico de cada inicio, ya está marcado por la polémica en torno a varios de sus nuevos miembros, algunos de los cuales contarán con el fuero, una figura que ha suscitado críticas por su uso abusivo para eludir la justicia. Entre los legisladores recién electos, destaca la figura de Javier Corral, quien, a pesar de ser objeto de una nueva orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Chihuahua por el presunto desvío de 98 millones de pesos, logró asumir su cargo como senador por Morena. La protección del fuero significa que, al menos por ahora, Corral podrá evitar enfrentar las acusaciones que lo persiguen, lo que ha generado un profundo descontento en sectores de la población que exigen rendición de cuentas. Por otro lado, el ex líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, también ha regresado a la escena política como senador plurinominal, a pesar de estar bajo investigación por supuestamente haber recibido un soborno de Odebrecht. La denuncia, realizada por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, ha sido calificada por Anaya como un acto de persecución política, lo que añade una capa de complejidad a su nuevo cargo. La presencia de Anaya en el Senado simboliza no solo el regreso de un político marcado por la controversia, sino también la persistente sombra de la corrupción en la política mexicana. Asimismo, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien enfrenta una orden de aprehensión por falsificación de documentos, también se une a la lista de legisladores envueltos en acusaciones graves. Su llegada al Senado plantea interrogantes sobre la ética y la integridad de quienes ocupan altos cargos en el gobierno. La situación pone de manifiesto la lucha constante entre el ejercicio del poder y la justicia, un dilema que ha pasado de ser una preocupación teórica a una realidad palpable. Anuar García, presidente del Grupo SOS Capítulo Jalisco, ha expresado su descontento al respecto, señalando que el uso del fuero constitucional para evitar investigaciones es "lamentable para el país y la certeza jurídica". Esta percepción de impunidad se encuentra en el centro del debate político, pues muchos ciudadanos sienten que los legisladores están por encima de la ley, lo que erosiona la confianza en las instituciones. Por su parte, Jesús Ibarra, profesor del ITESO, ha indicado que, si bien en algunos casos las acusaciones pueden ser el resultado de vendettas políticas, también existen legisladores que claramente utilizan el fuero para protegerse de investigaciones legítimas. Esta dualidad complica aún más el panorama y sugiere la necesidad de un debate más amplio sobre la reforma del fuero y sus implicaciones. Además, la elección de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado ha añadido una nueva capa de controversia. Considerado por muchos como una figura "impresentable" debido a su estilo provocador y sus declaraciones incendiarias, su liderazgo en la Cámara Alta ha despertado dudas sobre su capacidad para manejar la agenda legislativa de manera efectiva. A pesar de esto, Noroña ha lanzado un mensaje de empoderamiento popular, prometiendo que "los plebeyos han decidido tomar el destino de la patria en sus manos". El panorama legislativo que se perfila es uno que refleja no solo la diversidad de posturas políticas en el país, sino también las tensiones que surgen de la búsqueda de poder y la justicia. A medida que la nueva legislatura avanza, será crucial observar cómo estos legisladores enfrentan las acusaciones en su contra y si el fuero se convertirá en un escudo o en un obstáculo para la rendición de cuentas. La sociedad civil se mantiene atenta a estos desarrollos, esperando que los nuevos representantes no solo cumplan con su deber de legislar, sino que también lo hagan con un sentido de responsabilidad hacia la ciudadanía, que demanda integridad y transparencia en el ejercicio del poder. La presión sobre el Congreso será inevitable, y la capacidad de sus miembros para responder a las expectativas de la ciudadanía será determinante en la dirección que tome la política en México en los próximos años. Con el inicio de esta nueva legislatura, los ciudadanos estarán observando de cerca cómo se desarrollan las dinámicas políticas y cómo los legisladores abordan los desafíos que enfrentan, no solo en términos de políticas públicas, sino también en el ámbito de la justicia y la ética. La respuesta a estas preguntas definirá en gran medida el legado de la Legislatura 66.