Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
En un escenario global marcado por el aumento de incendios forestales, el contraste entre México y otras regiones del mundo es notable. La temporada de lluvias en nuestro país coincide con el verano, lo que ayuda a mitigar la incidencia de incendios forestales devastadores, a diferencia de lo que se observa en latitudes más templadas y boreales. Ahí, veranos más largos y secos, combinados con temperaturas récord, se traducen en condiciones propicias para el inicio de incendios que arrasan vastas extensiones de tierra. Mientras que en México, la mayoría de los incendios son provocados por la acción humana, en regiones como California, Siberia y Australia, los fuegos suelen ser el resultado de fenómenos naturales, como tormentas eléctricas. Esta diferencia radica en el manejo de los ecosistemas y en las prácticas agrícolas que prevalecen. En nuestro país, los agricultores y ganaderos a menudo recurren a la quema de tierras para eliminar malezas o ampliar áreas de cultivo, lo que incrementa el riesgo de incendios. Esta situación se agrava aún más por la reciente eliminación del Programa de Empleo Temporal, que anteriormente capacitaba a campesinos para combatir incendios forestales. En contraste, en los bosques templados y boreales, la acumulación de materia vegetal durante las lluvias de invierno y primavera se convierte en un combustible peligroso al llegar el calor del verano. Por eso, los gobiernos de estas regiones enfrentan un dilema: deben decidir entre combatir todos los incendios o permitir algunos fuegos controlados que reduzcan la acumulación de material combustible, evitando así incendios catastróficos que puedan acabar con especies de árboles adaptadas al fuego. La paradoja del calentamiento global se hace evidente; mientras que este fenómeno incrementa la probabilidad de incendios devastadores, esos mismos incendios liberan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, perpetuando un ciclo destructivo. En el sudeste australiano, los incendios de los últimos años han causado estragos, y en Canadá, el impacto ha sido igualmente dramático, con casi dos millones de hectáreas arrasadas en 2023. A nivel global, los incendios forestales se han intensificado, con países como Grecia enfrentando pérdidas significativas en sus bosques. En 2022, más de 100 mil hectáreas fueron consumidas por las llamas en el país helénico, un fenómeno que se ha replicado en otras naciones europeas y en la costa oeste de Estados Unidos. Esta situación se ve agravada por el hecho de que la recuperación de los bosques en estas regiones puede llevar décadas, lo que limita la capacidad para recapturar el CO2 que ha sido emitido. Sin embargo, en México hay un rayo de esperanza. Las selvas tropicales, a menudo deforestadas o quemadas, tienen el potencial de regenerarse en un tiempo relativamente corto. Esta capacidad de recuperación no solo es crucial para la biodiversidad, sino también para la captura de carbono. Es imperativo que nuestro país implemente un programa robusto de restauración de selvas que sustituya a iniciativas como "Sembrando Vida", que han demostrado ser ineficaces en su objetivo. La restauración de tierras agrícolas y ganaderas de baja productividad es una estrategia viable que podría contribuir a la lucha contra el cambio climático. No solo permitiría la recuperación de ecosistemas valiosos, sino que también ofrecería una solución sustentable para los problemas agrícolas que enfrentan muchas comunidades en México. La realidad es clara: el cambio climático y los incendios forestales son fenómenos interconectados que requieren respuestas integrales y efectivas. México tiene la oportunidad de liderar en la implementación de estrategias que no solo mitiguen el impacto de los incendios, sino que también promuevan la recuperación de sus importantes ecosistemas. En este contexto, es fundamental que los responsables de la política pública escuchen la voz de la ciencia y actúen con urgencia para proteger el patrimonio natural del país y, al mismo tiempo, contribuir a la lucha global contra el cambio climático.