Maduro intensifica la represión contra redes sociales y limita la libertad de expresión

La reciente transformación del presidente venezolano Nicolás Maduro de defensor a detractor de las redes sociales ha generado un ambiente crítico y tenso en el país. Ante las acusaciones de fraude en su reelección y los gritos de protesta de la oposición, el mandatario ha arremetido contra plataformas como X, antes conocida como Twitter, a las que califica de "multiplicadores del odio y el fascismo". Esta drástica postura ha llevado a la suspensión de X por un periodo de diez días, aunque la red social sigue siendo inaccesible sin el uso de una VPN, lo que pone en evidencia un intento de controlar el flujo de información en un entorno donde la libertad de prensa es cada vez más restringida. Con la reciente aprobación de una ley que fiscaliza las organizaciones no gubernamentales, el régimen de Maduro se está preparando para implementar una nueva legislación de redes sociales que, según críticos, servirá para consolidar un sistema de censura aún más robusto. Giulio Cellini, director de Log Consultancy, advierte que el gobierno reconoce a las redes sociales como un vehículo crucial para que la población obtenga información, lo que lo ha llevado a actuar de manera agresiva para contener las protestas y las críticas de la oposición. Las manifestaciones surgidas tras la controversia electoral de Maduro han dejado un saldo trágico: 25 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2,000 detenidos. A medida que la represión se intensifica, activistas de derechos humanos han denunciado que las detenciones no solo son físicas, sino también virtuales, con arrestos motivados por las publicaciones en redes sociales. Marco Ruiz, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, destaca que en Venezuela se vive un "toque de queda en internet", una expresión que refleja la grave situación de persecución que enfrentan los ciudadanos por sus opiniones en plataformas digitales. La narrativa oficial sostiene que los adversarios de Maduro están utilizando las redes sociales para promover la violencia. Sin embargo, Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, argumenta que el verdadero objetivo del gobierno es cerrar las "válvulas de escape" que permiten a la población acceder a información en un entorno mediático que ha sido sistemáticamente silenciado. Durante las dos últimas décadas, más de 400 medios de comunicación han sido clausurados, lo que ha dejado a los ciudadanos con opciones limitadas para informarse. En este contexto, los medios de comunicación tradicionales también se enfrentan a una situación crítica. La censura y la autocensura son prácticas comunes entre las televisoras y radios de señal abierta, mientras que los portales web que critican al gobierno son blanco frecuente de bloqueos. Cadenas internacionales de noticias, como CNN en Español, han sido excluidas de la programación por las operadoras locales, lo que limita aún más el acceso a diversas perspectivas sobre la realidad del país. A nivel global, la situación de Venezuela en términos de libertad de prensa es alarmante. Según Reporteros Sin Fronteras, el país ocupa el puesto 156 de 180 en su índice de libertad de prensa, superando solo a Nicaragua y Cuba en América Latina. En este contexto, el SNTP ha registrado detenciones de reporteros y ha denunciado despidos en medios estatales, reflejando una política de represalias contra aquellos que se atreven a expresar opiniones contrarias al régimen. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, ha minimizado la importancia de estas plataformas, afirmando que "Venezuela puede vivir sin X". Sin embargo, esta afirmación ignora el papel fundamental que X, a pesar de sus limitaciones, ha desempeñado en la política venezolana, siendo un canal de comunicación clave para los opositores al régimen. Con más de 2.7 millones de cuentas registradas en el país, su bloqueo limita el alcance de las voces críticas en un ambiente ya de por sí hostil. A pesar de la represión, las redes sociales continúan siendo un escenario de resistencia y debate político. Líderes de oposición, como María Corina Machado, utilizan estas plataformas para reivindicar sus posturas y movilizar a sus seguidores. La capacidad de estas figuras para comunicarse directamente con sus bases a través de X y otras redes se ve amenazada por el esfuerzo del gobierno por silenciar voces disidentes. Maduro, por su parte, no ha dejado de aparecer en los medios estatales, donde la propaganda se convierte en la voz oficial del régimen. Un ejemplo de esto es el personaje de Superbigote, que presenta al presidente como un superhéroe que lucha contra los "monstruos" de la oposición y de Estados Unidos. En un episodio reciente, Elon Musk fue caricaturizado como un demonio, lo que refleja la guerra mediática que el gobierno sostiene no solo contra sus adversarios internos, sino también contra figuras internacionales que desafían su autoridad. En conclusión, la guerra de Maduro contra las redes sociales en Venezuela no es solo un ataque a la libertad de expresión, sino un intento desesperado de controlar la narrativa y silenciar la disidencia en un momento crítico para su gobierno. La represión de las voces críticas, la censura de los medios y el toque de queda virtual en internet evidencian un régimen que teme a la verdad y a la voluntad de su pueblo. La lucha por la libertad de expresión en Venezuela es, en última instancia, una lucha por el derecho a informarse y a ser escuchado en medio de la opresión.