Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La temporada de incendios forestales en el país ha dejado huellas devastadoras en el ecosistema, con cifras que despiertan la preocupación de autoridades y ciudadanos por igual. Según el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), entre el 1 de enero y el 25 de julio de 2024, se han registrado un alarmante total de 7 mil 612 incendios, cifra que supera en 179 los incidentes del mismo periodo del año anterior y que ya ha superado el total de incendios reportados durante todo el año 2023. El impacto de estos siniestros no solo se mide en la cantidad de incendios, sino también en la magnitud de la superficie afectada. Hasta ahora, un millón 216 mil 869 hectáreas han sido consumidas por las llamas en lo que va del año, 169 mil 376 hectáreas más que en todo 2023, marcando así un nuevo récord que arroja un sombrío panorama para la conservación del medio ambiente. Las entidades más afectadas han sido Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde los incendios han devastado 204 mil 098, 135 mil 923 y 132 mil 184 hectáreas, respectivamente. Estos datos son un claro recordatorio de que la crisis ambiental no conoce fronteras y que las regiones más vulnerables son aquellas que suelen pagar el precio más alto, afectando no solo la flora y fauna, sino también a las comunidades que dependen de estos recursos naturales. La información de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) destaca que una proporción alarmante, casi una cuarta parte de los incendios, han sido intencionales, mientras que un 32 por ciento se atribuye a actividades agropecuarias. Estos datos subrayan la necesidad urgente de una mayor conciencia y responsabilidad en la gestión del uso del suelo, así como la implementación de políticas más efectivas en la prevención de incendios. En términos de recuperación, 292 incendios han sido clasificados como de impacto severo, con una mortalidad superior al 50 por ciento en los árboles afectados. Estas cifras indican que la recuperación de las áreas devastadas podría tomar hasta 10 años, un tiempo prolongado que plantea interrogantes sobre la resiliencia de los ecosistemas y la capacidad de regeneración de la flora local. A pesar de la reducción en el número de incendios reportados durante julio, con solo 19 incidentes y una superficie total afectada de 2 mil 545 hectáreas, el daño ya está hecho. Este fenómeno se enmarca dentro de un ciclo que se reproduce año tras año, donde las temporadas de sequía coinciden con un incremento en las actividades humanas que desencadenan estos desastres naturales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha señalado que las temporadas de incendios forestales están claramente definidas en el país, con dos periodos críticos que abarcan desde enero a junio y desde mayo a septiembre. Esta estacionalidad, unida a los efectos del cambio climático, sugiere que la situación podría volverse más crítica en los próximos años si no se implementan medidas adecuadas. El combate a estos siniestros ha requerido un despliegue importante de recursos, con un total de 495 mil 221 días/persona dedicados a la lucha contra los incendios. Sin embargo, la efectividad de estas acciones será cuestionada si no se acompañan de un enfoque integral que incluya educación ambiental, prevención y una mayor regulación de las actividades que contribuyen a la ignición de incendios. El panorama que nos presentan estos datos es preocupante y evidencia la necesidad de una colaboración entre el gobierno, las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales para abordar esta crisis de manera efectiva. Es fundamental que se establezcan programas de concientización y se refuercen las normativas que regulan el uso de la tierra y la quema de residuos en áreas forestales. La lucha contra los incendios forestales es un reto constante que requiere no solo de la reacción inmediata ante el fuego, sino también de estrategias a largo plazo que busquen prevenir que estas tragedias se repitan. La protección del medio ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales deben ser una prioridad para garantizar un futuro sostenible y saludable para las próximas generaciones.