Gobierno promulga ley de 'Impunidad' en medio de críticas y celebraciones patrias

En un acto que ha desatado un torrente de reacciones tanto dentro como fuera del ámbito político, el Gobierno ha promulgado la ley que reitera los términos de la recientemente cuestionada 'Ley Impunidad'. Dicha norma, aprobada por el Congreso en mayo de 2023, ha generado un intenso debate en el país, especialmente tras la oposición manifiesta de la Corte Suprema, que ha calificado a esta legislación como inconstitucional. Este respaldo del Ejecutivo llega en un contexto de celebraciones nacionales, lo que añade una capa de complejidad a la situación. La promulgación de esta norma se dio a conocer a través del boletín de normas legales de El Peruano el 28 de julio, coincidiendo con el aniversario de la independencia del país. En este contexto, el Gobierno ha decidido reforzar los lineamientos sobre la aplicación del ahora modificado artículo 84 del Código Penal, específicamente en lo relacionado con la prescripción de delitos. La nueva legislación permite una extensión de hasta un año en los plazos de prescripción, un aspecto que ha sido duramente criticado por diversos sectores de la sociedad. El debate en torno a la 'Ley Impunidad' ha sido intenso y polarizador. En la Comisión Permanente, el dictamen fue aprobado el 1 de julio con 17 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. La propuesta, impulsada por Flavio Cruz del partido Perú Libre, argumenta que la modificación es necesaria para garantizar los derechos del imputado dentro de lo que se considera un "sistema acusatorio garantista". Sin embargo, muchos críticos sostienen que este enfoque favorece a aquellos involucrados en delitos graves, lo que podría entorpecer la justicia. La Corte Suprema, en un acuerdo plenario emitido en noviembre de 2023, dejó en claro su posición al declarar que la 'Ley Impunidad' es inconstitucional y que los jueces no deben aplicarla. Este pronunciamiento ha generado inquietud sobre cómo se administrará la justicia en el país y si esta nueva normativa será efectivamente desestimada por el sistema judicial. Según los magistrados, los plazos de prescripción deben ser justos y proporcionales, lo que, en su opinión, no se cumple con un límite de un año. La promulgación de la norma en medio de las Fiestas Patrias ha sido interpretada como un intento del Gobierno por desviar la atención de las críticas recibidas. A pesar de las advertencias legales y de las objeciones éticas, el Ejecutivo parece decidido a mantener su postura. Esto plantea preguntas sobre el compromiso del Gobierno con el Estado de derecho y el respeto a las decisiones judiciales. Por otro lado, la reacción de la ciudadanía no se ha hecho esperar. Grupos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por el impacto que esta ley tendrá en la lucha contra la corrupción y otros delitos. Las voces disidentes denuncian que la 'Ley Impunidad' favorece la impunidad de los acusados y podría socavar los esfuerzos por lograr justicia en casos emblemáticos. Algunos analistas políticos sugieren que esta medida podría tener repercusiones en la legitimidad del Gobierno. El respaldo a una norma considerada inconstitucional podría erosionar la confianza pública en las instituciones y en el propio sistema judicial. Además, la polarización política que ha surgido a raíz de esta decisión podría complicar aún más la gobernabilidad en el país. Con la situación en constante evolución, se espera que el Congreso retome el debate sobre la 'Ley Impunidad' en los próximos días. La presión de la oposición y de la sociedad civil podría influir en la dirección que tomen las futuras decisiones legislativas. Mientras tanto, el Ejecutivo se enfrenta a un dilema: cómo equilibrar la aprobación de leyes que sean bien recibidas por sus bases políticas, sin desatender las demandas de justicia y equidad que la población exige. En resumen, la promulgación de la norma que reitera la 'Ley Impunidad' en un contexto de críticas judiciales y sociales pone de relieve las tensiones existentes entre el poder legislativo y el judicial en el país. Los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de esta legislación y para medir el impacto que tendrá en la ya frágil confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones.