El Gobierno de Ecuador mantendrá a los militares en las calles y cárceles tras fin del estado de excepción

El Gobierno de Ecuador ha emitido un comunicado en el que confirma que las fuerzas militares permanecerán desplegadas en las calles y cárceles del país, a pesar de que ha finalizado el estado de excepción decretado recientemente por el presidente Daniel Noboa.

Tras declarar al país en estado de "conflicto armado interno", Noboa ordenó al ejército llevar a cabo operativos de control y seguridad en distintas zonas del territorio ecuatoriano. Esta medida ha generado diversas opiniones y ha levantado interrogantes sobre el alcance de las acciones militares en un contexto de tensión y crisis política.

El anuncio de mantener a los militares en las calles y cárceles del país ha despertado preocupación en la población civil, así como en organizaciones de derechos humanos y sectores políticos que han manifestado su inquietud por el uso excesivo de la fuerza y la militarización de la seguridad interna.

Ante esta situación, el Gobierno ha justificado la presencia militar argumentando la necesidad de mantener el orden y la estabilidad en un momento de incertidumbre y crisis. Según fuentes oficiales, esta medida busca prevenir actos de violencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía ante posibles amenazas.

Sin embargo, críticos y opositores han cuestionado la decisión del presidente Noboa, señalando que el uso de las fuerzas armadas en labores de control interno puede vulnerar los derechos fundamentales de la población y generar un clima de temor y represión.

En este contexto, se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la continuidad de la presencia militar en las calles y cárceles del país, así como las medidas que se implementarán para garantizar el respeto a los derechos humanos y la legalidad en el accionar de las fuerzas de seguridad.

La sociedad ecuatoriana se encuentra en alerta ante esta situación y ha manifestado su preocupación por el rumbo que puedan tomar los acontecimientos en un escenario marcado por la polarización política y la crisis institucional. La permanencia de los militares en las calles y cárceles del país plantea desafíos y dilemas en torno a la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos en un contexto de crisis.