Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Un juez federal argentino, Ariel Lijo, ha emitido una orden de captura internacional contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, por presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos. La decisión, que ha generado un eco internacional significativo, se basa en la denuncia presentada por un grupo de profesionales, encabezados por el abogado Darío Richarte, quienes alegan que el gobierno de Ortega ha llevado a cabo un “plan criminal de represión” desde abril de 2018. La denuncia incluye acusaciones graves, que van desde asesinatos y torturas hasta desapariciones forzadas. Estos crímenes de lesa humanidad, según los denunciantes, son parte de una estructura estatal que ha utilizado fuerzas policiales y paramilitares para silenciar a la oposición. Richarte no escatimó en palabras al calificar al régimen de Ortega como “la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente”, señalando la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Desde que las protestas estallaron en 2018, el gobierno de Ortega ha sido objeto de críticas internacionales por su represión a la disidencia, que ha incluido el cierre de medios de comunicación, la persecución de opositores y el uso sistemático de la violencia. Bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar crímenes de este tipo independientemente de su lugar de ocurrencia, la justicia argentina ha tomado una postura firme al respecto. La denuncia fue presentada ante los tribunales federales de Buenos Aires en agosto de 2022 y ha sido ampliada en múltiples ocasiones para incluir nuevos hechos y actores involucrados en la represión. Entre estos, se menciona la complicidad de la Policía Nacional y del sistema judicial nicaragüense, que han sido acusados de colaborar en el ataque sistemático a la libertad de expresión y a los derechos de los ciudadanos. Los datos presentados por los abogados incluyen testimonios de víctimas que, bajo reserva de identidad, han relatado las atrocidades cometidas por el gobierno. Esto revela no solo la profundidad del sufrimiento humano, sino también el grado de organización y planificación detrás de las acciones del régimen de Ortega. Recientemente, el Congreso de Nicaragua, dominado por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que otorga un control absoluto a Ortega y Murillo sobre los poderes del Estado, exacerbando aún más las preocupaciones internacionales sobre la democracia en el país. Esta reforma ha consolidado aún más la ya cuestionada figura de Murillo, quien ahora ocupa el título de “copresidenta”, además de su rol como vicepresidenta. Además, entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, la justicia nicaragüense ha despojado a más de 400 opositores de su nacionalidad, muchos de los cuales han sido encarcelados y deportados. Este acto de despojo es visto como un intento deliberado de eliminar cualquier forma de disidencia y de consolidar el poder del régimen. La orden de captura internacional no solo representa un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de derechos humanos en Nicaragua, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad de los líderes mundiales ante tales violaciones. A medida que el caso avanza, se espera que otros países puedan tomar medidas similares en un esfuerzo por llevar a los responsables ante la justicia. La comunidad internacional ha estado vigilante ante estos desarrollos, y muchos analistas sugieren que este tipo de acciones legales puede ser una forma efectiva de presión sobre regímenes autoritarios. La situación en Nicaragua sigue siendo crítica, y el clamor por la justicia resuena tanto dentro como fuera del país. Las repercusiones de este fallo podrían abrir un nuevo capítulo en la lucha por los derechos humanos en Nicaragua y en América Latina, donde muchos gobiernos enfrentan críticas por su comportamiento hacia la oposición y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La lucha por la justicia y la dignidad de los nicaragüenses continúa, mientras se espera que la comunidad internacional responda con firmeza ante las violaciones de derechos humanos en la región.