Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
En la historia reciente del Perú, el 22 de agosto ha sido testigo de eventos significativos en el ámbito económico y legislativo que reflejan tanto el potencial de crecimiento del país como los retos que enfrenta. Este análisis se centra en los acontecimientos de años anteriores, revelando un patrón de desafíos y oportunidades que continúan marcando la pauta en la agenda nacional. El panorama económico del Perú ha estado en constante evolución. En 2019, el jefe de Apoyo Consultoría señalaba la necesidad urgente de un "lavado de cerebro" en el sector público, crítico por su tendencia a obstaculizar el progreso en diversas iniciativas. En ese momento, el sector de asociación público-privada se vislumbraba como un motor clave para el crecimiento, proyectando obras que podrían alcanzar hasta 25 mil millones de dólares. Este enfoque en la colaboración entre el Estado y el sector privado ha sido presentado como fundamental para alcanzar tasas de crecimiento sostenido de 5% a 6%. Sin embargo, la confianza empresarial seguía siendo un tema preocupante. A pesar de que el 20% de las 300 principales empresas del país planeaban acelerar sus inversiones, era evidente que, para cimentar el crecimiento, era imperativo restaurar la confianza en el clima de negocios. La consultora enfatizaba la necesidad de no solo observar el Producto Bruto Interno (PBI), sino también la evolución del empleo, como indicadores clave para el desarrollo económico. Cinco años después, en 2023, el escenario ha cambiado, aunque algunos desafíos persisten. El contexto legislativo ha cobrado mayor relevancia, con la aprobación de nueve leyes que, según expertos, ponen en riesgo la estabilidad económica del país. Desde la llegada de Dina Boluarte a la presidencia, se han observado 69 normas que fueron revisadas, de las cuales 23 fueron aprobadas sin cambios. Esta situación ha generado preocupación entre economistas y analistas, quienes advierten sobre el impacto de estas decisiones en la salud económica del Perú. La incertidumbre legislativa se añade a un ambiente de inversión que ya enfrenta complicaciones. En comparación con 2019, donde se preveía un impulso significativo en la construcción de viviendas, el 2023 ha mostrado una tendencia diferente. Los tiempos de preventa se han alargado, y las exigencias de financiamiento han limitado el paso de proyectos de vivienda desde sus etapas iniciales hasta la construcción efectiva. Se estima que las ventas de nuevas unidades en Lima Metropolitana podrían caer de 1,500 a 1,100 mensuales, lo que podría repercutir en el mercado inmobiliario y en la generación de empleo. La relación entre el sector público y privado se convierte en un tema esencial para el desarrollo sostenible del país. Las asociaciones público-privadas son reconocidas como un mecanismo viable para superar las limitaciones presupuestarias del Estado, pero su implementación enfrenta la resistencia de un marco normativo que, en ocasiones, parece más centrado en la burocracia que en la eficiencia. Para fomentar un ambiente propicio para la inversión, es vital que tanto el gobierno como el Congreso adopten posturas más favorables que prioricen el crecimiento económico. El desafío de mejorar la confianza empresarial no es solo un tema de políticas, sino también de percepción. Los empresarios necesitan sentir que sus inversiones están protegidas y que existe un marco legal claro y estable. La incertidumbre creada por leyes que contradicen incluso las competencias del Parlamento genera un clima de desconfianza que puede desincentivar la inversión en el país. La construcción de viviendas no es solo una cuestión de infraestructura, sino que también está íntimamente relacionada con el bienestar social. La reducción en la oferta de viviendas puede tener un efecto dominó en la economía, afectando a sectores como el empleo, la producción de materiales y la estabilidad del mercado inmobiliario. Es imperativo que el gobierno y las instituciones involucradas encuentren soluciones que faciliten la transición de proyectos en planos a la construcción efectiva. Así, el 22 de agosto se presenta como un hito en la reflexión sobre el futuro económico del Perú. Con lecciones del pasado y desafíos presentes, el país se enfrenta a la necesidad de reinventar su estrategia de crecimiento y de fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado. Solo a través de un enfoque proactivo y una legislación que favorezca la inversión se podrá garantizar un futuro más próspero para todos los peruanos.