Pemex busca alianzas privadas ante crisis financiera y deuda millonaria

Desde el inicio de su administración en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador marcó una clara directriz en la política energética de México que se tradujo en un portazo a las empresas privadas del sector de hidrocarburos. A lo largo de su mandato, se cancelaron asociaciones previas entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas, se suspendieron las licencias de nuevos proyectos y se cancelaron subastas de campos petroleros que prometían un desarrollo significativo. Sin embargo, al cierre de su sexenio, parece que la situación financiera de Pemex ha llevado a un giro inesperado en la estrategia del gobierno, permitiendo que algunos contratos con empresas privadas, como CME Oil and Gas, comiencen a ver la luz. CME Oil and Gas, una empresa mexicana, ha conseguido un contrato de exploración y producción en los campos Bacab y Lum, localizados en aguas someras al noreste de Ciudad del Carmen, Campeche. Este acuerdo, que no ha sido confirmado oficialmente por Pemex, podría abrir la puerta a una inversión significativa de 1.650 millones de dólares por parte de CME, que está respaldada por reservas estimadas en 183 millones de barriles de petróleo crudo. Este movimiento parece ser un intento de Pemex de diversificar sus fuentes de financiamiento y encontrar nuevas alternativas para hacer frente a una deuda que supera los 101.500 millones de dólares en bonos. La situación financiera de Pemex es crítica, con una carga de deuda que incluye 21.900 millones de dólares pendientes a contratistas tanto nacionales como internacionales. Desde 2019, el gobierno federal ha tenido que inyectar recursos por aproximadamente 55.000 millones de dólares para que la empresa estatal pueda cumplir con sus obligaciones. Esta necesidad de capital ha llevado a Pemex a buscar alianzas con empresas privadas, aunque estas no sean las asociaciones abiertas que se habían promovido en administraciones anteriores. Carlos Slim, el hombre más rico de Latinoamérica, también se ha alineado con Pemex, anunciando una inversión de 1.000 millones de dólares para revitalizar un proyecto de gas natural en el Golfo de México. Slim tomó las riendas de un proyecto que había quedado en el aire tras la salida de New Fortress Energy, una empresa que sí había concretado otros negocios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, esta apertura hacia la inversión privada no se ve sin su cuota de controversia, ya que las condiciones iniciales de la administración de López Obrador parecían apuntar a un camino completamente contrario. Oscar Ocampo, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), alerta sobre los riesgos que implican estos contratos, indicando que los pozos en cuestión no están produciendo actualmente y que las proyecciones de CME podrían ser demasiado optimistas. No obstante, la inversión comprometida por la empresa podría ser un indicativo de la urgente necesidad de Pemex por diversificar sus fuentes de financiamiento y garantizar la continuidad de sus operaciones. La empresa CME es liderada por Alfredo Bejos, quien ha sido vinculado con un elevado número de contratos públicos durante la administración de López Obrador. Según un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, las empresas asociadas a los Bejos han recibido contratos que superan los 104.000 millones de pesos, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y el manejo de contratos en el gobierno actual. A pesar de estos desarrollos, algunos expertos como Ocampo consideran que este cambio en la política de Pemex no indica una apertura amplia hacia la inversión privada. "No creo que haya habido tanto cambio. El pleito del Gobierno con Pemex era más por la competencia que por un rechazo absoluto hacia las empresas", señala. Este discurso sugiere que la administración de López Obrador sigue siendo cautelosa y selectiva en cuanto a las empresas que permiten colaborar, prefiriendo aquellas que se alinean con su visión de control y regulación del sector energético. El mensaje parece ser claro: aquellas empresas que se comprometan a seguir las reglas impuestas por el gobierno, como lo han hecho CME y Grupo Carso de Slim, tendrán la oportunidad de participar en los proyectos que Pemex tiene en marcha. Sin embargo, esta estrategia plantea interrogantes sobre el futuro del sector energético en el país y la posibilidad de que más empresas privadas se involucren en un entorno que ha sido históricamente adverso a la apertura del mercado. Desde un enfoque más positivo, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, ha expresado su optimismo ante el acuerdo, sugiriendo que la inversión de CME podría contribuir al crecimiento económico tanto a corto como a largo plazo. "Este contrato incrementa la inversión fija, lo cual sube el crecimiento económico", comentó Siller en sus redes sociales, enfatizando que cualquier impulso a Pemex es crucial, especialmente en su situación de alto estrés financiero. Así, el camino de Pemex hacia la colaboración con empresas privadas refleja no solo una necesidad urgente de capital, sino también un cambio en la dinámica de las relaciones entre el gobierno y el sector privado en el contexto energético del país. A medida que se desarrollen estos acuerdos y se evalúen sus resultados, será fundamental observar cómo se adaptará la política energética de México a las realidades económicas y financieras que enfrenta actualmente.