Debate en Perú sobre incentivos tributarios y su impacto en la construcción

En el contexto económico y político del Perú, el debate sobre incentivos tributarios y su impacto en el desarrollo del sector de la construcción ha cobrado una relevancia significativa. A lo largo de los años, este tema ha suscitado opiniones encontradas entre los distintos ministerios y sectores de la población. El pasado 11 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF) manifestó su postura en contra de los incentivos tributarios, sugiriendo que tales medidas podrían generar distorsiones en la economía peruana. Esta declaración resuena con el histórico enfoque cauteloso del MEF respecto a políticas que puedan alterar el equilibrio fiscal del país. La preocupación del ministro Carranza se centra en la situación económica del Perú, un país que, a pesar de algunos avances, continúa enfrentando desafíos significativos en términos de pobreza y desigualdad. "El Perú todavía es muy pobre y se necesita solidaridad para reducir la pobreza", afirmó, subrayando la necesidad de enfoques más equitativos que no necesariamente impliquen beneficios fiscales a sectores específicos. Esta declaración plantea un dilema: ¿debería el gobierno priorizar medidas que favorezcan a la clase empresarial a costa de los sectores más vulnerables? Por otro lado, el ministro de Vivienda, al reiterar la importancia de los incentivos tributarios para el sector construcción, abre un debate sobre la viabilidad de tales propuestas en un contexto donde la necesidad de vivienda asequible y el desarrollo de infraestructura son apremiantes. La contradicción entre ambos ministerios destaca las tensiones dentro del gabinete y la falta de un enfoque cohesivo hacia el desarrollo económico. Mientras algunos abogan por medidas que fomenten la inversión, otros se muestran reacios a dar pasos que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal. Diez años atrás, la situación económica del Perú ya mostraba signos de desaceleración, afectando a diversos estratos socioeconómicos de manera desigual. En 2014, se reportaba que los segmentos socioeconómicos D y A/B eran los que más percibían esta desaceleración, en contraposición al estrato C, que parecía sentir el impacto de manera menos intensa. La variabilidad en la percepción del bienestar económico entre los distintos grupos subraya la necesidad de políticas públicas que consideren las realidades diversas de la población peruana. En ese entonces, la aprobación del presidente de la República, Ollanta Humala, y su gabinete mostraba un panorama mixto. Mientras que algunos ministros, como el del Interior, veían un aumento en su popularidad, la percepción general sobre la gestión gubernamental se mantenía tibia, con un 49% de la población considerándola regular. Esta situación refleja un ciclo de desconfianza que, en cierto sentido, se ha perpetuado a lo largo de los años, donde las promesas de mejoras económicas a menudo se ven frustradas por la realidad de la informalidad y la pobreza persistente. Hoy, en 2023, la situación económica del Perú sigue siendo compleja, con 13 proyectos de ley que podrían encarecer el empleo, generando preocupación entre expertos y empresarios. La discusión actual se centra en la regulación del acceso a utilidades para trabajadores tercerizados y la modificación del periodo de prueba. No obstante, muchos analistas sugieren que estas iniciativas no abordan el problema mayor de la informalidad laboral, que afecta a una gran parte de la población peruana. Ante este contexto, la necesidad de un enfoque integral que tome en cuenta las dinámicas del mercado laboral y las condiciones de vida de los ciudadanos se vuelve crucial. La regulación del empleo, si bien necesaria, no debería ser un fin en sí misma, sino parte de una estrategia más amplia que incluya la formalización de la economía y la creación de empleos dignos. El debate sobre incentivos tributarios y otras medidas económicas pone de manifiesto la interconexión entre la política fiscal, el desarrollo social y el bienestar general de la población. La historia reciente del Perú nos enseña que las decisiones económicas deben ser cuidadosamente sopesadas, considerando tanto sus efectos inmediatos como sus repercusiones a largo plazo. En conclusión, el dilema sobre los incentivos tributarios y la regulación laboral refleja la búsqueda constante de un equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social. La tarea del gobierno es complicada, pero es fundamental que las decisiones que se tomen sean inclusivas y sostenibles, priorizando el bienestar de todos los peruanos. La historia económica del Perú está llena de lecciones, y es crucial que los líderes actuales aprendan de ellas para construir un futuro más próspero y equitativo.