Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
En los últimos años, la economía peruana ha enfrentado un desafío significativo que pone en riesgo los logros alcanzados en términos de ahorro fiscal. Durante el periodo de 2006 a 2015, el país logró acumular un ahorro público notable, aprovechando la bonanza de los precios de los metales. Esta situación permitió adoptar políticas fiscales contracíclicas durante momentos críticos, como la crisis financiera global y la pandemia de COVID-19. Sin embargo, desde mediados de 2022, el panorama ha cambiado drásticamente, y el deterioro de los ahorros fiscales es evidente. Desde 2006, Perú experimentó un crecimiento en sus activos financieros, que alcanzaron un máximo del 18.3% del PBI hacia finales de 2015. Este crecimiento fue fundamental para mantener un gasto público responsable y un déficit fiscal manejable. Sin embargo, a partir de 2022, el déficit comenzó a escalar de manera preocupante, pasando de alrededor del 1% del PBI a un alarmante 4% en 2023. Este aumento se dio sin un incremento correspondiente de la deuda pública, lo que inicialmente llevó a algunos a sostener que la fortaleza fiscal del país permanecía intacta. No obstante, los datos revelan una preocupante disminución en los activos financieros del sector público, que se redujeron a un 9.8% del PBI a principios de 2024, cifras que se asemejan a los niveles más bajos registrados a inicios del siglo XXI. Este consumo de ahorros, que asciende a cerca de S/ 30 mil millones desde junio de 2022, plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de la política fiscal actual. La caída de los ahorros fiscales implica que el país se encuentra en una posición vulnerable para enfrentar futuras crisis o choques externos. A medida que el déficit fiscal continúa creciendo, se hace evidente que las autoridades fiscales podrían verse obligadas a aumentar la deuda pública, un escenario que hasta ahora había logrado evitarse. La reciente declaración de la presidenta Dina Boluarte sobre un aumento de gastos, incluyendo remuneraciones a las Fuerzas Armadas y Policías, refuerza la preocupación sobre la dirección que tomará la política fiscal en los próximos meses. La agencia internacional de calificación de riesgos Moody's ha expresado su inquietud ante el incumplimiento de las metas fiscales por segundo año consecutivo. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por mantener el déficit bajo control, las proyecciones sugieren que será difícil cumplir con las expectativas, especialmente con un déficit esperado que podría superar el 3% del PBI. En este contexto, el futuro inmediato no se vislumbra sencillo. Si bien se anticipa un aumento en la recaudación gracias a la mejora en los precios de los metales, es probable que esto no sea suficiente para revertir la tendencia negativa en el ahorro público. En lugar de acumular ahorros como se hizo en el pasado, la economía peruana se encuentra consumiendo lo que se había logrado durante años de prudencia fiscal. Las elecciones que se avecinan también añaden una capa de incertidumbre. Con cerca de 50 partidos políticos compitiendo, es probable que el próximo gobierno enfrente desafíos significativos en su intento por implementar reformas económicas y reconstruir las finanzas públicas. La falta de cohesión política y la fragmentación del poder podrían dificultar la adopción de medidas necesarias para revertir el deterioro fiscal. La situación actual es un llamado a la acción. La responsabilidad de mantener la estabilidad fiscal recae tanto en las autoridades como en la ciudadanía, que debe estar atenta a las decisiones que puedan afectar su futuro económico. El camino hacia la recuperación fiscal es difícil, pero es imperativo que se tomen decisiones conscientes y responsables para garantizar que el país no solo se recupere de la crisis actual, sino que también esté mejor preparado para enfrentar los desafíos que vendrán en el futuro. En resumen, el consumo de los ahorros fiscales acumulados durante años representa un riesgo significativo para la economía peruana. La combinación de un déficit creciente, la incertidumbre política y la fragilidad del contexto económico global exige una revisión urgente de las políticas fiscales y un compromiso firme hacia la sostenibilidad. Si no se toman medidas ahora, el país podría enfrentar consecuencias severas que afectarán a las generaciones venideras.