Bolivia y su sistema de elección directa de jueces: ¿éxito o controversia?

Desde 2011, Bolivia ha sido pionera en América Latina al implementar un sistema de elección directa de jueces, en el que los ciudadanos del país sudamericano tienen la responsabilidad de votar por los 28 cargos que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Este modelo, que ha despertado interés en otros países de la región, como México, que actualmente debate una reforma similar, ha generado diversas opiniones y controversias en Bolivia. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada en 2009, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se basa en principios como independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, entre otros. Según esta normativa, se lleva a cabo un proceso de preselección por las comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional para elegir a los magistrados de los distintos tribunales. Sin embargo, a lo largo de los dos procesos electorales realizados en 2011 y 2017, se han evidenciado diversas críticas y limitaciones en el sistema de elección de jueces en Bolivia. Expertos en derecho constitucional han señalado que este modelo no se encuentra debidamente estructurado con otros componentes del sistema judicial boliviano, lo cual ha generado problemas como la corrupción y la falta de certidumbre jurídica en el país. Uno de los aspectos más cuestionados ha sido la influencia del poder político en la selección de los jueces, ya que la participación de la Asamblea Legislativa, controlada en ese entonces por el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, ha generado dudas sobre la independencia del poder judicial en Bolivia. Esta situación ha llevado a un estancamiento en la realización de las elecciones judiciales programadas para el año pasado, lo que ha generado tensiones políticas y preocupación internacional. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha manifestado su preocupación por el retraso en el proceso de elección de las autoridades judiciales en Bolivia, destacando la importancia de realizar un proceso transparente y participativo para garantizar la independencia del poder judicial en el país. Ante este panorama, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha anunciado que las elecciones judiciales podrían llevarse a cabo el 22 de septiembre de este año, siempre y cuando el Congreso emita la convocatoria correspondiente. Esta decisión se da luego de una serie de tensiones políticas y disputas entre diferentes sectores del país, que han puesto en entredicho la estabilidad y la independencia del sistema judicial boliviano. En conclusión, el modelo de elección directa de jueces en Bolivia ha sido un experimento sin precedentes en la región, que si bien ha permitido la participación ciudadana en la designación de las autoridades judiciales, también ha evidenciado una serie de limitaciones y desafíos que requieren ser abordados de manera urgente para garantizar la independencia y la imparcialidad del poder judicial en el país. La realización de elecciones judiciales transparentes y participativas es fundamental para fortalecer el Estado de derecho y la democracia en Bolivia.