
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Guerra 25.05.2024
El conflicto entre Israel y Hamás ha generado una nueva controversia con el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que exige a Israel detener su ofensiva militar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, por el riesgo de genocidio. La orden ha generado reacciones encontradas, con Israel negando las acusaciones e instando a la realización de un informe para demostrar que no está cometiendo actos que puedan llevar a la destrucción física total o parcial de la población civil palestina.
La Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, firmada en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, define el genocidio como actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La decisión de la CIJ ha puesto en alerta a la comunidad internacional sobre la situación en Gaza y las posibles implicaciones legales para quienes estén involucrados en posibles actos genocidas.
El término genocidio fue acuñado por el abogado polaco Raphael Lemkin en 1944, como respuesta a la falta de un concepto que describiera la magnitud de la tragedia vivida durante el Holocausto judío a manos del gobierno nazi. Lemkin, de origen judío, perdió a 49 familiares en Auschwitz y fue testigo de la destrucción de miles de vidas, lo que lo llevó a impulsar la creación de mecanismos legales para prevenir y castigar el genocidio.
La historia del genocidio ha dejado cicatrices profundas en la humanidad, con eventos como el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio armenio entre 1915 y 1923, el Holodomor en Ucrania entre 1932 y 1934, y la masacre de Srebrenica en 1995, entre otros. Estos episodios de destrucción masiva de vidas humanas han llevado a la comunidad internacional a establecer normativas y mecanismos legales para prevenir y castigar estos crímenes.
La Convención sobre el genocidio establece que cualquier persona, ya sea gobernante, funcionario o particular, puede ser condenada por genocidio, asociación para cometer genocidio, instigación pública a cometer genocidio, tentativa de genocidio y complicidad en el genocidio. Las sanciones penales establecidas buscan castigar a los responsables de estos actos atroces y garantizar que no queden impunes ante la justicia nacional o internacional.
En el caso de Israel y el conflicto en Gaza, la CIJ ha emitido una orden urgente para detener la ofensiva militar en Rafah y evitar cualquier acción que pueda causar daños irreparables a la población civil palestina. La comunidad internacional está atenta a los próximos pasos que tomará Israel en respuesta a esta orden y a la presentación del informe solicitado por la CIJ para evaluar las medidas en curso.
Es fundamental recordar que el genocidio es un crimen contra la humanidad que no puede quedar impune. La memoria de las víctimas y la justicia para quienes hayan sufrido estas atrocidades deben ser prioritarias en la agenda internacional. La historia nos enseña las terribles consecuencias de la intolerancia, el odio y la violencia, y nos insta a trabajar juntos para prevenir futuros actos de genocidio y promover la paz y la reconciliación en todo el mundo.
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