Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Guerra 05.03.2024
La Corte Penal Internacional (CPI) ha vuelto a ser noticia al emitir órdenes de arresto para dos altos comandantes rusos, Sergei Kobylash y Viktor Sokolov, por presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Esto marca la segunda vez que la corte ha solicitado la detención de funcionarios rusos en relación con el conflicto en Ucrania, que ahora ha entrado en su tercer año.
Según la CPI, Kobylash y Sokolov están acusados de orquestar ataques con misiles a la infraestructura eléctrica ucraniana entre el 10 de octubre de 2022 y el 9 de marzo de 2023. La corte afirmó que estos ataques, llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas bajo su mando, apuntaron a numerosas centrales eléctricas y subestaciones en toda Ucrania, lo que resultó en daños civiles que superaron con creces cualquier posible ventaja militar.
Estas órdenes de arresto se producen tras una emisión previa de la CPI para el presidente Vladimir Putin y la Comisionada de Niños Maria Lvova-Belova el año pasado, relacionada con el presunto secuestro de niños ucranianos. El Kremlin ha negado vehementemente estas acusaciones, al igual que ha hecho con las últimas órdenes contra Kobylash y Sokolov.
En respuesta a la decisión de la CPI, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresó su aprobación, haciendo hincapié en que aquellos responsables de ordenar ataques contra civiles ucranianos e infraestructuras críticas enfrentarán la justicia. Sin embargo, dada la negativa de Rusia a reconocer la jurisdicción de la CPI y su historial de falta de cooperación con la corte, las perspectivas de que Kobylash y Sokolov sean juzgados en La Haya son escasas.
Mientras que Rusia sostiene que sus acciones militares en Ucrania tienen como objetivo limitar la capacidad de combate de Kyiv en lugar de atacar a civiles, el derecho internacional, como se establece en las Convenciones de Ginebra, exige una clara distinción entre la infraestructura civil y los objetivos militares legítimos. El conflicto en curso en Ucrania ha planteado preocupaciones sobre la protección de civiles e infraestructuras críticas, con llamados a la rendición de cuentas y al respeto al derecho internacional humanitario cada vez más fuertes.
A medida que la CPI continúa persiguiendo la justicia por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, el conflicto sigue siendo un recordatorio contundente del impacto devastador de las hostilidades armadas en las poblaciones civiles y la necesidad urgente de rendición de cuentas y respeto al derecho internacional.
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