Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Guerra 29.12.2023
El presidente Vladimir V. Putin de Rusia firmó una ley de censura que criminalizó el acto de "desacreditar" al ejército días después de invadir Ucrania. La ley ha llevado a más de 6,500 casos de arrestos o multas, con un promedio de más de 350 al mes. El alcance de la ley es amplio, dirigido a cualquiera que cuestione la guerra o exprese simpatía por Ucrania, incluso en conversaciones privadas. La represión no se limita a los espacios públicos; los jueces han dictaminado que usar ropa azul y amarilla, los colores de la bandera ucraniana, puede ser castigado. Las personas dentro de la comunidad cada vez más denuncian comentarios hechos en diversos entornos, como el metro, cafeterías o licorerías.
La ley de censura ha permitido al presidente Putin silenciar la disidencia y perpetuar la invasión, lo que ha resultado en la muerte y lesiones de cientos de miles de rusos y ucranianos. Ha transformado la sociedad rusa, con muchos rusos recurriendo a la autocensura. Los críticos argumentan que la censura en tiempos de guerra está preparando el escenario para una represión aún más extensa en el futuro, a medida que el gobierno automatiza la vigilancia en internet y alienta a los ciudadanos a denunciarse mutuamente en línea. La ley ha creado un clima de miedo y paranoia, con el estigma social y las dificultades para encontrar empleo que enfrentan aquellos condenados por desacreditar al ejército.
La represión de la disidencia solía atraer la atención global, pero ahora pasa más desapercibida debido a su escala. Dos tercios de los casos escuchados en los tribunales se produjeron en ciudades y pueblos con una población de menos de un millón, desafiando la noción de que el sentimiento opositor se concentra en las principales ciudades. El gobierno ha desplegado a la policía, la vigilancia electrónica y a los propios ciudadanos para atrapar a aquellos que se oponen a la guerra. Con las protestas públicas prácticamente eliminadas, internet se ha convertido en la principal plataforma de disidencia. El Tribunal Constitucional respaldó la ley de censura, dejando en manos de los jueces individuales determinar qué se considera discurso ilegal. El temor es que el gobierno desarrolle formas automatizadas de iniciar investigaciones y presentar casos, silenciando aún más la oposición.
A pesar de la represión, algunos individuos continúan protestando contra la guerra. Sin embargo, el efecto general de la ley ha sido exitoso en suprimir la disidencia. La ley se ve como un signo de la caída de Rusia en un sistema más controlador y totalitario, en el que cualquiera que hable en contra del Kremlin corre el riesgo de ser procesado.
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